El colapso de Next Energy

En Nuevo León explotó una guerra política y legal a partir de un contrato firmado en 2020 por la administración del entonces alcalde, Adrián de la Garza, para que Next Energy desarrollara un parque solar que nunca se construyó. Aunque Luis Donaldo Colosio renegoció el acuerdo en 2024 para reducir costos, la reciente detención de Eugenio “N”, dueño de la empresa, en enero de 2026, cambió el tablero. Acusado de fraude en Aguascalientes y presuntos intentos de soborno, su caída ha validado las denuncias de corrupción. Hoy, el caso es el epicentro de una disputa penal entre el actual gobierno regiomontano y la administración saliente de Colosio, señalada por no cancelar un contrato que nació de irregularidades y que comprometió miles de millones de pesos del erario regio. En Baja California el caso Next Energy le está saltando otra vez al ex gobernador Jaime Bonilla Valdez, justo cuando menos le conviene. El 5 de marzo próximo tiene agendada una audiencia inicial y el expediente no es menor: Fraude, uso ilícito de atribuciones y un rastro de presuntas irregularidades que se extiende más allá de Baja California, llegando hasta Aguascalientes, donde el director de la empresa ya enfrenta sus propios problemas con la justicia.

A lo anterior se le suma la inhabilitación de tres años que ya se le impuso, aunque no lo sacó de la jugada, lo dejó con menos espacio para moverse en un momento en que el calendario electoral ya empieza a pesar. Lo que pase el 5 de marzo no va a resolver nada de golpe, pero sí pondrá el tema nuevamente en la opinión pública.

A diferencia de otras entidades, Baja California logró desarticular el esquema mediante una estrategia de recuperación financiera que permitió la devolución de 123 millones de pesos de participaciones federales que ya habían sido retenidos ilegalmente en un fideicomiso. En el ámbito penal, se mantienen vinculaciones a proceso contra siete exfuncionarios de alto nivel de la administración bonillista, destacando los casos de los exsecretarios Rodolfo Castro Valdez y Salomón Faz por peculado y uso ilícito de atribuciones. Administrativamente, la Secretaría de la Honestidad aplicó inhabilitaciones a diversos implicados por firmar contratos sin suficiencia presupuestal, mientras que la rescisión total del contrato liberó al estado de un compromiso financiero que proyectaba un daño patrimonial superior a los 37 mil millones de pesos a lo largo de tres décadas.

INE INCONFORME

El “tijerazo del 25%” al INE y demás órganos electorales que pretende la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum ha calado hondo entre los consejeros electorales que están alertando que pone en riesgo la confiabilidad de las elecciones en el País.

Además del recorte presupuestal se propone la desaparición del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), lo que provocó que la consejera presidenta del INE, la sonorense Guadalupe Taddei, diga que los ciudadanos no se pueden quedar sin esa información. Otros consejeros se han pronunciado más fuerte como Jaime Rivera que señala que convertir las 300 juntas distritales en órganos temporales “sería una regresión de 45 años”, Dania Ravel ve que sería un golpe para las elecciones y Martín Faz ha explicado que necesitan conocer todo el respaldo técnico de la iniciativa y que esperan ser escuchados por los legisladores porque lo que adelanta en el PowerPoint presentado por la mandataria es preocupante.

Las explicaciones de los consejeros fueron minimizadas por la presidenta Sheinbaum, que se mantiene en disminuir en una cuarta parte lo que recibe el Instituto Nacional Electoral. La única esperanza que tienen quienes ven con preocupación la iniciativa presidencial es que se cumpla lo que adelanta el coordinador de los diputados morenistas, Ricardo Monreal, es que no habrá “fast track”.