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Discusión electoral

La reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum ha encendido la pelea política con una iniciativa que defiende por hacer, dice, más democrático el sistema, promover la participación ciudadana y ahorrar en el gasto electoral con un recorte de hasta 25%, pero su propuesta no ha sido bien recibida por la oposición y el empresariado.

Agua  Caliente

La reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum ha encendido la pelea política con una iniciativa que defiende por hacer, dice, más democrático el sistema, promover la participación ciudadana y ahorrar en el gasto electoral con un recorte de hasta 25%, pero su propuesta no ha sido bien recibida por la oposición y el empresariado.

La propuesta de reforma, que mantiene 500 diputados, pero elimina las listas de representación proporcional para que todos resulten de la votación directa, fue resumida por Sheinbaum con una frase que resume su postura política: “Como presidenta estoy obligada a enviar una reforma que contenga lo que me pidió la gente y lo que vemos en las encuestas”, lo que es respaldado por los morenistas y seguidores, pero para sus opositores es una mala señal.

Desde el PAN, Ricardo Anaya la bautizó como la “Ley Maduro”; desde otros sectores, el ex presidente del INE, Lorenzo Córdova, la acusa de imponerse “como le gusta al morenismo autoritario”. La crítica en la que coinciden analistas y adversarios políticos es que detrás del discurso de ahorro y mejora de las reglas, lo que se busca es concentrar poder y debilitar equilibrios institucionales que costaron décadas construir.

Dentro del sector privado también lanzaron un llamado, la Coparmex advierte que no es momento para trastocar las leyes electorales cuando la seguridad y la inversión son prioridades y urgencias nacionales, además de que una reforma mal lograda puede afectar la confianza

La preocupación de varios sectores es que, aunque los aliados del PT y PVEM estén inconformes con la iniciativa, la historia del Congreso podría repetirse porque esa reforma se aprobará sin moverle ni una coma porque en el momento decisivo siempre aparecen desde “la oposición” esos votos necesarios.

PROTECCIÓN A MENORES

Ante los casos de menores de edad que acuden al Registro Civil de Ensenada a inscribir a sus bebés, señalando como padres a personas adultas, la regidora del 25 Ayuntamiento de Ensenada, Ana Daniela García Salgado, presentó dos iniciativas orientadas a tipificar la cohabitación forzada con menores y fortalecer la protección integral de niñas, niños y adolescentes.

Ensenada es uno de los municipios de Baja California que reporta una importante cantidad de casos de violencia doméstica, por lo que es sintomática esta propuesta que busca proteger a los menores de los abusos de personas mayores.

La primera propuesta plantea que los municipios fijen una postura institucional frente a la cohabitación forzada y exhorten formalmente al Congreso del Estado a trabajar y aprobar la iniciativa que busca tipificar este delito.

No deben permitirse vacíos legales ni normalizar prácticas que ponen en riesgo la integridad, la dignidad y el futuro de las niñas, expone la propuesta, por lo que se consideró indispensable que los municipios se pronuncien y el Congreso actúe.

DE VUELTA A LA NORMALIDAD

Tras los incidentes violentos del domingo, derivados de la captura y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) en Tijuana, Tecate y Rosarito reinició actividades, asegurando que la presencia de autoridades permitió retomar operaciones y disminuir riesgos para los conductores en las carreteras de la región, expuso su delegado.

El sector de autotransporte de carga fue uno de los que reportó afectaciones el fin de semana, sobre todo por los bloqueos carreteros, pero también por el secuestro y quema de algunas de sus unidades por parte de presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), cuyo líder fue abatido por fuerzas federales.

Alfonso Millán Chávez, representante de la Canacar en la región señaló que entre las afectaciones que identificaron fue la quema de cuatro equipos de traslado que aunque no pertenecían al gremio, representan pérdidas patrimoniales superiores a 120 mil dólares cada uno.

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