En ruta a un nuevo partido

Con Guadalupe Acosta Naranjo y Cecilia Soto en la dirigencia, un consejo consultivo de 100 integrantes y delegados en las 32 entidades, la organización Somos México sigue en la ruta para convertirse en partido político. En una asamblea constitutiva realizada ayer en la Ciudad de México, los miembros de Somos México votaron por el ex perredista Guadalupe Acosta Naranjo y la sonorense y ex candidata presidencial Cecilia Soto como secretaria general.

En ese encuentro, Acosta Naranjo lanzó fuertes críticas contra Morena, la llamada Cuarta Transformación y la propuesta de reforma electoral que dará a conocer la presidenta Claudia Sheinbaum.

Se presentan como una opción que busca “rescatar la vida institucional del País” como un partido “democrático”, “independiente”, “docente” y aseguran que han superado los requisitos exigidos por el INE con número de asambleas y afiliados, por lo que no dudan en obtener su registro.

Entre los consejeros figuran el ex presidente del INE, Lorenzo Córdova; la activista sonorense del colectivo Madres Buscadoras, Cecilia Flores; los ex ministros de la Corte, Javier Laynez y José Ramón Cossío y Margarirta Ríos Farjat; el jurista Diego Valades, el ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, entre otros.

Por cierto, el ex senador e impulsor de esta agrupación, Emilio Álvarez pidió que la gente siga afiliándose en esta última semana que aún tienen pues no se pueden “tirar en la hamaca” ya que quieren evitar cualquier pretexto del INE para negarles el registro.

Con GOBERNAR A GOLPE DE ARANCEL

El nuevo pulso arancelario de Donald Trump confirma que, para él, el comercio internacional no es un terreno técnico sino un escenario político.

El anuncio de su intención de elevar a 15% un arancel global, realizado ayer a menos de un día de que la Corte Suprema de Estados Unidos frenara sus gravámenes más amplios, revela una constante: cuando una institución pone límites, Trump busca la grieta siguiente.

El fallo judicial no fue menor. Por seis votos contra tres, la Corte recordó algo elemental en la arquitectura democrática estadounidense: la facultad de imponer impuestos pertenece al Congreso. No se trató de un tecnicismo, sino de un mensaje claro sobre la separación de poderes. Sin embargo, la respuesta del presidente no fue moderación, sino confrontación. Trump anunció que recurrirá a otras autoridades legales, más acotadas pero suficientes —en su visión— para sostener una política arancelaria impredecible y de alto impacto.

Más preocupante que el fondo económico es la forma política. El ataque personal contra jueces que fallaron en su contra, incluidos Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett, ambos nombrados por él, rompe con una tradición de respeto institucional que suele blindar a la Corte del vendaval partidista. Al elevar como “nuevo héroe” a Brett Kavanaugh, Trump deja claro que la lealtad pesa más que el criterio jurídico.

En lo económico, el debate tampoco es menor. Los aranceles se venden como castigo a gobiernos extranjeros, pero la evidencia muestra que el costo recae en consumidores y empresas estadounidenses. Aun así, Trump insiste en presentar la medida como una palanca para reindustrializar el país y corregir desequilibrios comerciales. Es un discurso eficaz para su base, aunque simplifique una realidad compleja.

Las reacciones demócratas, incluido el gobernador Gavin Newsom, apuntan al mismo flanco: el impacto directo en el bolsillo ciudadano. Al final, más que una discusión técnica sobre comercio, el episodio expone una tensión de fondo: hasta dónde puede llegar un presidente cuando decide gobernar a base de decretos, aranceles y confrontación. La Corte puso un freno; Trump ya anunció que buscará el siguiente acelerador.