La seguridad que todos merecemos

A propósito de la noticia dada a conocer hace un par de días en el sentido de que el Ayuntamiento de Tijuana dotará, a partir de marzo próximo, de 550 cámaras corporales para ser asignadas a elementos de la Policía Municipal, con el objetivo de registrar sus intervenciones, brindar mayor claridad y transparencia en los operativos, pero sobre todo, evitar los consabidos actos de corrupción.

Efectivamente, a decir alcalde Burgueño, estas cámaras permitirán monitorear el actuar policial durante el contacto con la ciudadanía, mencionando que su administración: “no tolerarán abusos ni faltas de respeto, señalando que el registro en video ayudará a transparentar los procedimientos y fortalecer la confianza ciudadana.”

Ojalá que la inversión en estas cámaras realmente sirva para trasparentar el quehacer policial y no empiecen a “descomponerse” justo al momento de detener a los turistas.

Recordemos que la seguridad es un derecho fundamental consagrado en nuestra Constitución y que se refiere a la obligación de la autoridad, de trabajar para garantizar a todos sus ciudadanos, un clima de paz. Tener derecho a la seguridad significa vivir en un entorno donde se respeten las leyes y se proteja la integridad de las personas.

Este derecho implica que todos los individuos debemos vivir libres de miedo, violencia, amenazas y cualquier tipo de peligro que ponga en riesgo nuestro bienestar y para ello, la autoridad, debe empeñar todo su esfuerzo en dotarnos de esa paz y tranquilidad que todos merecemos.

En las últimas décadas, hemos sido testigos de cómo México ha enfrentado un aumento significativo en los niveles de inseguridad. Se trata de distintos factores que han propiciado esta situación, como el crecimiento del crimen organizado, la corrupción en las instituciones públicas y la desigualdad social, aunado a la falta de oportunidades económicas y educativas que han provocado la proliferación de actividades delictivas.

Frente a la complejidad y la magnitud de la corrupción y la violencia imperante en todo el país y en especial en Baja California, parecería que los individuos no podemos hacer nada para combatirla y que sólo con la acción de los gobiernos es posible detenerla. Es muy extendida esta falsa creencia de que la capacidad del ciudadano para combatir la corrupción es muy limitada, y que sus acciones no pueden lograr cambios sustanciales. Es por ello que muchos planes anticorrupción fracasan cuando no toman en cuenta al ciudadano y prueba de ello, ha sido el poco interés de nuestras autoridades tijuanenses por tomar en cuenta a la sociedad en temas tan delicados como es la seguridad.

Evidentemente que la voz ciudadana debe estar por encima del quehacer gubernamental ya que la participación ciudadana es un componente esencial en la construcción de una seguridad efectiva y sostenible.

Programas de vigilancia vecinal, comités de seguridad y plataformas de denuncia anónima, son algunas de las formas en que la ciudadanía puede involucrarse. La colaboración entre la comunidad y las autoridades permite obtener información valiosa sobre las zonas de riesgo y facilita la implementación de medidas preventivas más efectivas, por ello son bienvenidas estas cámaras corporales, aunque se requieren también cámaras en las patrullas y en los centros de detención, para que la transparencia sea el común denominador, porque la seguridad es lo mínimo que todos merecemos.

• *- El autor es asesor empresarial en cabildeo.