Acuerdo que apaga el fuego

El anuncio de un apoyo compensatorio por 70 millones de pesos para los agricultores del Valle de Mexicali llega como un bálsamo después de semanas de tensión, bloqueos y desgaste político. No es menor: carreteras cerradas, garitas tomadas y un sector productivo empujado al límite obligaron al Gobierno del Estado a sentarse, negociar y, finalmente, firmar un acuerdo que hoy se presenta como un logro de diálogo. La administración estatal, encabezada por Marina del Pilar Ávila Olmeda, optó por contener el conflicto antes de que escalara aún más, sobre todo en una región donde el campo no solo produce alimentos, sino estabilidad social. En ese sentido, el acuerdo funciona: despresuriza el ambiente, devuelve certidumbre inmediata a los productores y evita que el cierre de vialidades y cruces fronterizos siga afectando a terceros.

Sin embargo, la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, que detonó el conflicto, sigue vigente y mantiene la prohibición de comercializar derechos de agua agrícola hacia municipios e industrias. Para muchos productores, ese esquema se había convertido en un complemento económico, incluso en un modo de subsistencia ante la falta de apoyos estructurales al campo. El acuerdo, en los hechos, reconoce esa realidad, aunque no la corrige.

Los 70 millones de pesos representan oxígeno, pero no una solución de largo plazo. Son un parche necesario, sí, pero temporal. La pregunta inevitable es qué ocurrirá cuando el recurso se agote y los productores vuelvan a enfrentar las mismas restricciones, ahora sin margen de maniobra ni alternativas claras. El acuerdo firmado este 26 de diciembre cierra un capítulo de confrontación, pero abre otro de responsabilidades. Si el gobierno realmente busca proteger al campo y garantizar el uso del agua para la producción de alimentos, deberá ir más allá de compensaciones extraordinarias y construir una política hídrica que no confronte a productores, industria y ciudades, sino que distribuya con justicia un recurso cada vez más escaso.

JUSTIFICACIÓN EN DUDA

La Secretaría de Hacienda federal asegura que la recaudación por bebidas azucaradas que se realizará el próximo año robustecerá al sector salud, afirmación que ha sido criticada en redes sociales.

El incremento en la cuota del impuesto a bebidas saborizadas actualmente es de 1.64 pesos por litro y pasará a 3.08 pesos por litro a partir del 1 de enero de 2026.

“México ocupa el primer lugar en consumo de refrescos a nivel mundial, con un promedio de 163 litros por persona al año, esto rebasa por mucho el consumo recomendado por la Organización Mundial de la Salud”, refiere la dependencia que coordina Édgar Abraham Amador Zamora.

Por ello, señala la SHCP, con la contribución se fortalecerá el sector salud para el combate de enfermedades derivadas de su alto consumo, como la diabetes.

Para Édgar Luna, director del Centro de Investigaciones Económicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la baja en el consumo será sólo el 3%, al menos en el primer mes del incremento.

“Probablemente sería un mes (la menor demanda), a veces cae, en otros casos no. La gente ve el producto y si está más caro lo deja un rato, pero después vuelve a tomarlo”, indica.