Carta fuerte

Con todos los poderes, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, queda como cabeza principal de operar el modelo de seguridad para México y para todo el sexenio.

Ese respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum no quedó en anuncio porque lo oficializó en un decreto donde le indica a todas las dependencias y entidades del Gobierno federal que el plan será conducido por el secretario de Seguridad las acciones serán de “observancia obligatoria”.

La confianza de la mandataria en García Harfuch es evidente y se le identifica como uno de sus colaboradores más cercanos, fue su secretario de Seguridad cuando ella era la jefa de Gobierno de la Ciudad de México y ahora como Presidenta de México le ha encargado atender uno de los principales retos: Pacificar al País.

Además, todo apunta a que Estados Unidos ve con buenos ojos las acciones de seguridad de México pues el secretario de Estado, Marco Rubio acaba de resaltar que el Gobierno de México está haciendo más en este momento en el tema de seguridad “que jamás en su historia”.

Por su lado, The New York Times entrevistó al secretario García Harfuch y destacó su rol en el combate contra el narcotráfico y el intercambio de inteligencia con Estados Unidos, también el titular de la SSPC en esa publicación expresó su confianza de que las fuerzas estadounidenses no ataquen a México.

TOCA SAT LA PUERTA DE SALINAS

El anuncio del Servicio de Administración Tributaria (SAT) del pasado viernes, sobre el adeudo de Grupo Salinas por 51 mil millones de pesos, marca un punto de quiebre en la relación entre el Estado mexicano y los grandes contribuyentes.

No es sólo el tamaño de la cifra, sino el cierre jurídico de un litigio que se prolongó durante años y que ahora pone a prueba la capacidad real del gobierno para hacer valer la ley frente a uno de los empresarios más influyentes del país: Ricardo

Salinas Pliego.

Antonio Martínez Dagnino, titular del SAT, fue enfático al señalar que, tras la resolución definitiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, “la autoridad fiscal tiene la obligación de continuar con el procedimiento de cobro”, por lo que en enero de 2026 se requerirá el pago conforme al Código Fiscal de la Federación. El mensaje busca ser contundente: ya no hay recursos pendientes ni margen para la dilación judicial. No obstante, el propio Martínez Dagnino reconoció que, “en caso de intención de cubrir el adeudo”, los contribuyentes pueden solicitar ajustes a la baja de hasta 39 por ciento, de acuerdo con la ley y las sentencias de los tribunales. Esa posibilidad, aunque legal, vuelve a colocar el foco en la asimetría entre grandes corporativos y contribuyentes comunes, que no cuentan con despachos fiscales ni años para litigar.

La Presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado que el proceso se apega estrictamente a la ley y que no existen motivaciones políticas ni personales contra Ricardo Salinas o su grupo empresarial. Sin embargo, el debate público ya está instalado. Para muchos, el caso simboliza una vieja tensión: la percepción de que los grandes empresarios pueden negociar, diferir o reducir cargas fiscales que para el resto de la población son ineludibles. Si Grupo Salinas paga en enero, el gobierno podrá presentar el episodio como un precedente de justicia fiscal. Si no, y el procedimiento se prolonga, quedará la impresión de que incluso con resoluciones firmes, cobrarle a los grandes nombres del poder económico sigue siendo el mayor desafío del Estado mexicano.