Antídoto contra la corrupción

A veces se piensa que la corrupción solo está presente entre los funcionarios públicos, sin embargo, parte de esta aporía democrática tiene que ver con el conjunto de la sociedad, que de alguna manera ha permitido que se extienda, y quizá en algunos casos ha formado parte de ella. Desde hace años, la organización Transparencia Internacional ha advertido que la corrupción es una amenaza global en evolución, que no solo socava el desarrollo del sistema democrático, sino que también provoca su declive e incrementa la inestabilidad social.

En este mirador internacional, en 2024 nuestro país obtuvo una calificación de 26 puntos sobre 100 respecto a la percepción de la corrupción, cayendo 5 puntos frente al año anterior (www.transparency.org). Es decir, si esto fuera una calificación de 0 sobre 10, estamos totalmente reprobados. Además, en la categoría internacional ocupamos el lugar 140 de 180 países que fueron evaluados.

Desde los indicadores nacionales, la percepción de las mexicanas y los mexicanos coincide. De acuerdo con la última Encuesta Nacional sobre Calidad e Impacto Gubernamental (Inegi, 2023), 8 de cada 10 personas consideran que la corrupción es frecuente o muy frecuente. Según la misma encuesta, la mayoría de los actos de corrupción están asociados con autoridades de seguridad pública y, en segundo lugar, están los trámites empresariales y municipales.

¿Cómo podemos interpretar estos datos? Vivimos en una sociedad que no ha puesto freno a la deshonestidad, pero cómo detenerla si la corrupción se practica, se tolera y se reproduce de manera constante. Las frases como “así se hacen las cosas” o “sin dar algo no avanzas” resume una especie de pacto tácito que legitima estas prácticas. Quizás en la cotidianidad hemos asimilado la idea de que un político robe o que un trámite solo sea posible con el intercambio monetario; sin embargo, también la iniciativa privada forma parte de este conjunto de simulaciones en las licitaciones, y con ello nos hemos resignado a considerar que la corrupción es inevitable. Esa resignación también es una forma de complicidad.

En este contexto es indispensable hablar de la participación de la ciudadanía. Aunque solemos reducir su participación al acto de votar periódicamente, es fundamental entender que la democracia no se agota en las urnas, sino que se va construyendo día con día, en los espacios públicos y privados, mediante la participación efectiva de las personas.

Ante este panorama, por un lado, la participación de la sociedad mexicana en espacios de deliberación es baja, e incluso, hasta simbólica en los procesos de consulta en México; y por el otro, los mecanismos de rendición de cuentas se concentran en los poderes del Estado. De ahí que los sistemas anticorrupción, como el Sistema Nacional Anticorrupción y su Comité de Participación Ciudadana, enfrenten límites estructurales: se concibieron con una vocación consultiva, pero carecen de atribuciones para incidir en la toma de decisiones.

La raíz del problema es más profunda.

Percibimos a la ciudadanía y al gobierno como entes separados, cuando en realidad son las mismas personas las que, en distintos momentos, habitan ambos espacios. Pensar que la corrupción es “de los políticos” y no “de la sociedad” es una forma de evadir nuestra propia responsabilidad.

Combatir la corrupción implica transformar de fondo nuestra cultura, y en especial la política, vista ésta como parte de una relación con los gobiernos. No basta con castigar o reformar leyes; deben reconstruirse los principios y valores éticos: el respeto, la honestidad, legalidad, honradez, imparcialidad y la transparencia. Estos no deben ser solo parte del discurso oficial, sino hábitos sociales que se cultiven en las familias, en las escuelas y en la comunidad, pero principalmente en las personas servidoras públicas como ejemplo.

De tal manera es que, la educación cívica, concebida como una pedagogía del compromiso social, vuelve a ser un elemento central para la formación. Educar para la ciudadanía debe implicar que se promueva una actitud crítica para exigir información, valorar el bien común y rechazar la corrupción, no por miedo al castigo, sino por convicción ética.

• *- La autora es académica de El Colegio de la Frontera Norte, A. C.