En defensa de los ‘gamers’

El reciente aval de Morena y sus aliados para imponer un impuesto del 8% a los videojuegos “violentos” bajo la Ley del IEPS no solo refleja desconocimiento, sino una peligrosa tendencia a convertir los prejuicios en política pública.

La diputada Iraís Reyes, de Movimiento Ciudadano, lo expresó con claridad: el Gobierno pretende equiparar un videojuego con una cerveza o un cigarro, como si jugar fuera una amenaza para la salud pública.

Esa comparación es tan absurda como reveladora del pensamiento conservador que se esconde detrás de la iniciativa.

El argumento de que los videojuegos generan violencia o alteran la salud mental carece de sustento científico.

Diversos estudios internacionales han demostrado que no existe una relación causal entre jugar títulos con contenido violento y cometer actos agresivos en la vida real.

El problema, más bien, radica en una profunda desconexión entre quienes legislan y las nuevas generaciones que encuentran en los videojuegos un espacio de convivencia, competencia y creatividad.

Bajo el discurso moralista, esta medida no parece buscar la protección del tejido social, sino un nuevo pretexto para recaudar.

El Gobierno ve en los “gamers” una fuente más de ingresos, aprovechando el estigma que todavía persiste hacia la cultura digital. Se olvida que esta industria genera empleos, innovación y comunidades enteras alrededor del entretenimiento interactivo.

Tratar al videojuego como si fuera una droga o un vicio solo evidencia una visión reduccionista y anacrónica.

La violencia en México no se origina en las consolas, sino en la desigualdad, la impunidad y la falta de oportunidades.

Castigar el juego es, al final, la salida fácil de un Estado que prefiere culpar al ocio antes que asumir sus verdaderas responsabilidades. Demonizar a los “gamers” no resolverá nada; solo confirma que algunos políticos aún no entienden el mundo que pretenden regular.

IMPARABLES

Ni los organismos empresariales, industriales de alimentos y bebidas o de las ventas online, tampoco las críticas de los consumidores pudieron detener el aumento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y la creación de nuevos impuestos.

Los nuevos cargos aplicarán en 2026 y van para bebidas con edulcorantes naturales o artificiales, no calóricas, como las versiones light, cero o dietéticas, que no estaban gravadas; además se incrementó la tasa ad-valorem para tabaco, una cuota para cigarros con alzas progresivas hasta 2030 y el IEPS a productos con nicotina como dispositivos de vapeo no prohibidos.

También en juegos, apuestas y sorteos se aumenta el impuesto presencial de 30% a 50% y se aplicará por primera vez un gravamen del 50% para juegos en línea.

Aunque el Gobierno federal y los legisladores de Morena y sus aliados han defendido que esas alzas son para buscar la salud de los mexicanos, la oposición califica que son medidas recaudatorias porque con esos conceptos Hacienda captaría más de 761 mil millones de pesos.

PAN, PRI y MC votaron en contra y los priistas dicen que hay 26 impuestos nuevos o que aumentan y eso va contra el bolsillo de la gente y afecta a los negocios.