La indiferencia también mata

La crisis que enfrenta la Cruz Roja de Rosarito no es solo un problema financiero; es un reflejo del abandono institucional y de la indiferencia social hacia quienes sostienen, con lo mínimo, uno de los servicios más esenciales: salvar vidas. Octavio Méndez Stoever, presidente del Consejo Directivo, explicó que la institución requiere 900 mil pesos mensuales para operar de manera mínima, pero actualmente no logra recaudar ni siquiera ese monto, pues el déficit ronda los 200 mil pesos mensuales, lo que ha encendido “focos rojos” al interior de la organización.

Para poder hacer frente a dicha situación, una ambulancia dejará de brindar servicio por falta de recursos a partir del 16 de octubre; ahora solo tres estarán en servicio las 24 horas.

Esta medida debería encender las alarmas en todos los niveles de gobierno. No se trata de una organización privada más, sino de la única entidad que brinda el 100% del servicio de emergencias médicas en el municipio. Y aun así, la Cruz Roja sobrevive con presupuestos raquíticos, apelando a donaciones que nunca alcanzan y a la buena voluntad de voluntarios que trabajan más allá de sus fuerzas.

¿Dónde están los apoyos municipales y estatales cuando se trata de garantizar un servicio vital? ¿Cuántos discursos de “solidaridad” más escucharemos mientras se apagan las sirenas por falta de combustible?

El problema no es la falta de dinero; es la falta de prioridades. En una ciudad que gasta millones en eventos y propaganda, que una ambulancia deje de circular por falta de recursos es una vergüenza colectiva. Y si las autoridades no reaccionan, la próxima emergencia no solo será médica, será moral.

JALONEO PRESUPUESTARIO

Por más mesas temáticas y audiencias públicas que se instalen en San Lázaro, como las que están en curso hoy y mañana, el Paquete Económico 2026 sigue en la controversia ya que el Gobierno defiende cada rubro como necesario y otros lo ven meramente recaudatorio.

Así, la Ley de Ingresos llegará al Pleno en cuestión de días, el martes o miércoles, y hay quienes esperan un debate con más tensión que consenso.

En la Comisión de Hacienda, el diputado morenista Carol Antonio Altamirano presume transparencia, también Claudia Rivera, de Morena, defiende un enfoque “protector del productor nacional”, pero en la oposición hay escepticismo, pues el panista Héctor Saúl Téllez tacha la miscelánea de “recaudatoria y no saludable”, mientras que la emecista Patricia

Flores afirma que los impuestos indirectos siguen castigando más a quien menos tiene. El sector privado también ha alzado la voz como la Asociación Mexicana de Venta Online que advierte de riesgos para el comercio digital, y la industria automotriz reclama incentivos a la transición eléctrica.

Por su lado, Fernando Baca, titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de Hacienda, desmiente recortes al gasto municipal, aunque alcaldes como el panista Mauricio Tabe, de Miguel Hidalgo, insisten en que los recursos “se esfuman en nombre de las causas indígenas”.

Con los jaloneos que hay, los analistas señalan que se debe conciliar la recaudación con desarrollo y si el paquete se aprueba sin correcciones sustantivas, el costo político podría ser mayor que el fiscal.