Deuda sin fin

Un barril sin fondo se ha convertido en la deuda pública del País, pues casi una quinta parte de cada peso que ingrese a las arcas del Gobierno el próximo año se destinará únicamente a cubrir el pago de intereses y servicio de la deuda pública.

Esta viene a ser la proporción más alta desde 1996, lo que reduce los recursos disponibles para sectores económicos estratégicos y áreas clave del desarrollo de la población. De hecho, actualmente el Gobierno gasta 61.02% más en intereses y cargos de la deuda pública que en construcción de infraestructura, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda (SHCP), que dirige Cabe aclarar que es sólo el costo financiero de la deuda y no el monto de la deuda en sí, pues el costo se refiere a no sólo los intereses sino también comisiones, gastos administrativos y otras compensaciones asociadas a la operación de endeudamiento.

Especialistas señalan que es indispensable abrir la discusión sobre cómo contener el costo de este pasivo que desangra las finanzas del País y garantizar que la inversión pública recupere un papel central para impulsar el bienestar y crecimiento sostenible.

HACEN FRENTE A TRUMP

Dos resoluciones judiciales emitidas este fin de semana en Estados Unidos representan un freno significativo a los intentos del presidente Donald Trump de expandir el alcance del poder federal en ámbitos altamente sensibles en su segundo mandato.

En Oregon, una jueza federal bloqueó temporalmente el despliegue de la Guardia Nacional en Portland, subrayando que las protestas de baja intensidad no justifican militarizar las calles y, sobre todo, que dicha medida atenta contra la soberanía estatal. Esta decisión recuerda que el federalismo estadounidense tiene límites claros frente a la tentación centralizadora del Ejecutivo.

Por otro lado, un juez en Washington, D.C. suspendió la política de mantener detenidos a jóvenes migrantes que cumplen 18 años y transferirlos automáticamente a prisiones para adultos.

Señaló que esta práctica contraviene órdenes judiciales previas, la resolución envía un mensaje contundente: los derechos humanos no pueden ser subordinados a estrategias de control migratorio.

Ambos fallos, aunque provisionales, confirman el papel del Poder Judicial como contrapeso en un país donde el poder presidencial suele tensar las fronteras de la legalidad. En un contexto de polarización, la intervención de los jueces se convierte en una salvaguarda esencial para recordar que incluso la seguridad y la migración deben gestionarse bajo el marco del Estado de derecho.

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

El hallazgo sin vida de Joceline Dianneth, joven de 29 años reportada como desaparecida el pasado viernes y localizada ayer en Mexicali, vuelve a sacudir a Baja California con la crudeza de una realidad que parece no dar tregua: la violencia feminicida.

El cuerpo fue localizado en condiciones que evidencian un crimen atroz, una de esas escenas que dejan en claro que no se trata de hechos aislados, sino de una tragedia estructural.

En lo que va del presente año se han registrado más de 20 feminicidios en la entidad, de acuerdo a cifras de la Fiscalía General del Estado (FGE). Lo más doloroso es que, al momento de su desaparición, Joceline había acudido a recoger a su hijo pequeño. El menor fue encontrado en el vehículo abandonado

Detrás de cada feminicidio no solo hay una mujer arrancada de su vida, sino también familias devastadas y, en este caso, un niño privado de la presencia de su madre.

El Estado tiene la obligación de garantizar que estos crímenes no queden impunes. Las investigaciones deben ser exhaustivas, con perspectiva de género y con un compromiso real de justicia. Mientras las cifras de feminicidio sigan en aumento y los nombres de mujeres como Joceline se sumen a la lista de víctimas, no podremos hablar de un país justo ni seguro para las mujeres.