Entran y salen

En Tijuana, un total de 45 policías municipales han reprobado los exámenes de control y confianza, mientras que 155 elementos aún están en espera de ser evaluados.

Habrá que ver si el resultado no aprobatorio resulta en la baja definitiva de los elementos como ha ocurrido ya en otros municipios de Baja California como Tecate y Rosarito, por ejemplo. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (Sspcm), a cargo de José Avilés Amezcua, ha explicado que los policías que reprueben entran en un procedimiento conforme a la normatividad estatal y municipal.

Pero al mismo tiempo de que existe un número importante de agentes en riesgo de quedar fuera de la corporación, este lunes se presentaron 53 agentes egresados de la Academia de Policía con base en Tecate.

Lo cierto es que en Baja California en general, pero en particular en Tijuana, las corporaciones policiacas están muy lejos de completar la plantilla requerida, en base a estándares internacionales, para poder ofrecer un servicio de seguridad al volumen de habitantes que les corresponde atender.

En Tijuana son apenas poco más de 2 mil 500 agentes los que vigilan las calles, quienes hacen el trabajo que correspondería a más de 6 mil policías con los que debería contar la corporación.

APURAN TRÁMITE

En las últimas horas para tramitar el permiso I-94 que permite adentrarse más allá de cierto número de millas de la frontera con México, se han visto una copiosa afluencia de ciudadanos mexicanos tratando de obtener el documento antes de que su costo aumente de 6 a 30 dólares a partir de este miércoles 1 de octubre. En Mexicali, la Garita Centro registró tiempos de espera superiores a seis horas durante el fin de semana, con pausas de hasta dos horas en las que la fila no avanzaba, supuestamente debió a que oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) restringieron temporalmente el acceso para realizar el trámite.

IP LEVANTA LA CEJA

Ante la polémica iniciativa de reformar la Ley de Amparo por parte del Gobierno federal, el empresariado ya levantó la mano para participar en el debate que se efectuará en el Senado.

Hay preocupación en organismos como la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), presidida por Juan José Sierra Álvarez, y consideran necesario que los legisladores escuchen las necesidades, inquietudes y propuestas del sector privado.

Hay analistas que ya se han expresado sobre este tema y ven que la reforma no mata al amparo, pero sí lo reduce a su mínima expresión. Disfraza retrocesos, oculta trampas en un lenguaje técnico, y de aprobarse terminaría por acabar con uno de los instrumentos más importantes para defenderse de los abusos de la autoridad. La Coparmex, en su posicionamiento a través de un comunicado, señala que con su participación busca asegurar que cualquier cambio legal, en lugar de significar un retroceso, fortalezca el verdadero Estado de Derecho y preserve las garantías que protegen a ciudadanos y quienes generan empleo.

Otra cosa que le inquieta a este sector es que sólo quien pueda demostrar una afectación directa pueda promover un amparo, eliminando la posibilidad de presentar casos de interés colectivo. Se espera que el debate sea en realidad eso, un ejercicio franco y abierto en que los legisladores escuchen el sentir de la ciudadanía y estén dispuestos a contemplar demandas de distintos sectores de la sociedad por el bien de todos.