Honor y justicia

El caso del ex comandante de Tránsito, Vicente Robles Castañeda, ha avanzado al punto de que se sigue en la Comisión de Honor y Justicia de la Policía Municipal. Las acusaciones en su contra no son un incidente aislado, sino de una práctica señalada por los propios agentes: cobros indebidos para operar patrullas en zonas “rentables”, donde las multas se convertían en negocio personal.

Hablar de cuotas de hasta tres mil pesos por patrulla es exhibir la perversión del sistema. El poder conferido para garantizar el orden en la vía pública se transformó en un mecanismo de recaudación paralela, un mercado interno donde la autoridad se vendía al mejor postor. No sorprende que la sanción que más se mencione sea la baja deshonrosa, aunque la verdadera deshonra no es individual: es institucional.

Robles Castañeda fue removido por el entonces jefe policial Julián Leyzaola Pérez, y ahora, con Felipe Chan Baltazar de regreso en la corporación, la investigación sigue su curso. El mensaje parece claro: los cambios en la Policía Municipal no pueden quedarse en nombres y cargos, deben alcanzar la raíz de las prácticas que han normalizado la corrupción en Tránsito.

La ciudadanía necesita resultados, no rumores. Una baja deshonrosa puede dar la impresión de justicia, pero el verdadero reto es que la corporación no vuelva a ser rehén de estas cuotas. El caso de Robles Castañeda debería marcar un antes y un después: o se erradican las “rentas” en Tránsito, o se seguirá repitiendo el mismo guion, con distintos protagonistas.

MÁS FEDERALES

Cada vez que se anuncia un nuevo batallón de la Guardia Nacional, la ceremonia suele ser muy vistosa. Este viernes no fue la excepción con la inauguración del Batallón 38 en la Ahumadita, con mil 770 efectivos listos para “reforzar la seguridad” en Mexicali.

Pero aquí surge la duda: ¿cuántas veces vemos realmente a estos elementos enfrentando a criminales, deteniendo a quienes generan inseguridad o realizando operativos de impacto? La realidad cotidiana sugiere que su papel principal es resguardar las corporaciones que sí actúan como primeros respondientes.

No se trata de cuestionar el valor de quienes integran la Guardia Nacional, sino de poner sobre la mesa la eficacia de este despliegue. La reducción del 36 % en delitos de alto impacto es positiva, pero la percepción ciudadana sigue marcada por la invisibilidad de estos nuevos elementos en los patrullajes y la acción directa contra la delincuencia. El Batallón 38 y la 410 Compañía ya cuentan con instalaciones modernas y presencia protocolaria, pero queda la incómoda pregunta: ¿la seguridad se fortalece con más ceremonias y anuncios, o con efectivos en acción donde realmente se necesita?

AJUSTES A DECRETO

Los decretos para los autos “chocolates” siguen dando de qué hablar pues después de las extensiones de periodos para su regularización que hubo en el sexenio pasado, ahora en la Secretaría de Hacienda, a cargo de Edgar Amador, alistan nuevos ajustes porque se han detectado abusos.

Lo cierto es que ese programa que surgió para darles certeza legal a los dueños de autos que ingresaron de forma irregular y también evitar que fueran usados por los delincuentes, no corrigió el problema pues desde el mismo Gobierno federal se ha señalado que proliferaron estas unidades por todo el País.

La radiografía de los efectos de esos decretos la tiene la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) pues ven que lejos de frenar la entrada de estos carros “chocolates” se ha favorecido el lavado de dinero y hasta el crimen organizado, incluso dice el director de ese organismo, Guillermo Rosales, también ha afectado la recaudación fiscal.

Adicionalmente, las ventas de autos nuevos han caído principalmente en Baja California, Chihuahua, y Tamaulipas, donde se reporta que más de la mitad de las regularizaciones de autos “chocolates” se concentraron en esas tres entidades.