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¿Reelección en el PJE?

La reforma judicial en Baja California ha abierto la puerta a una situación poco común: Alejandro Isaac Fragozo López podría ser reelegido como presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, luego de haber ocupado ya dicho cargo por dos periodos consecutivos.

Gracias al “borrón y cuenta nueva” que permite la normativa, ahora podría extender su gestión por otros cuatro años.

Aunque esta posibilidad se menciona de manera discreta, no pasa desapercibido que Fragozo López ha logrado materializar su visión desde que asumió la cabeza del Poder Judicial del Estado. Su gestión ha dejado una huella que ahora se refleja en la consolidación de políticas, estructuras y prácticas que buscan dar continuidad al rumbo institucional que él mismo impulsó.

Más allá de la discusión sobre la reelección, lo que resalta es el papel activo del magistrado en la transformación del tribunal: ha sido, en buena medida, artífice de que la reforma judicial se haya materializado en el estado.

La posibilidad de un tercer periodo lo pondrá nuevamente en el centro de la escena pública local en los próximos años.

PENDIENTES DEL PAGO

Y a propósito de las situaciones que tienen que ver con el cambio que se avecina para el próximo domingo/lunes, quienes están en la incertidumbre y temerosos por sus liquidaciones son los juzgadores salientes, quienes no quisieron o no pudieron reelegirse y desde el primero de septiembre ya no estarán en sus cargos con la llegada de los nuevos responsables.

Aunque la reforma judicial prevé el pago de tres meses de salario integrado y 20 días de sueldo por cada año de trabajo, los miembros de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial (Jufed) han expresado su preocupación sobre cómo y cuándo será harán las liquidaciones.

Serán 800 jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación que salen, 600 se han retirado y 200 más se retiran el primero de septiembre, y están a la espera de lo que les informe el presidente entrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar, quien les dijo que se resolvería todo.

En los fideicomisos del Poder Judicial están 10 mil millones de pesos y que estarían destinados a las liquidaciones, y con la reforma judicial se estableció que esos pagos y otras prestaciones serían pagadas con recursos federales que resultaran de la extinción de fondos.

Por lo pronto, los juzgadores salientes están “en vilo” porque, aunque las reglas están puestas para que se concreten esos pagos, no tienen certeza de que se hagan efectivas.

POLÍTICA DE COMUNICACIÓN

Ante los constantes hechos violentos que se registran en el estado, no son pocos los actores políticos, económicos, sociales y hasta de comunicación, quienes han señalado una práctica que no abona a la claridad de tales situaciones.

En Mexicali señalan que parece que desde la Mesa Regional de Seguridad, un enfoque cercano a la lógica militar, pretende que el Servicio Médico Forense (Semefo) limite la información que comparte sobre las muertes recientes en la ciudad.

La estrategia, al parecer, consiste en reducir la comunicación pública sobre los casos de fallecimientos violentos, dejando un vacío que inevitablemente alimenta la especulación, los rumores y la desinformación.