Reacomodos en la Fiscalía

La Fiscalía General del Estado de Baja California sigue dando de qué hablar con los movimientos constantes de mandos al interior de la dependencia. Este martes se dieron a conocer nuevos nombramientos en puestos clave, como es el caso de José Antonio Lozano Blancas, quien asumió como Fiscal Central; mientras que Fernando Lorenzo Diego Muñoz, fue designado Fiscal Regional de Mexicali.

También se formalizaron los cargos de Rubén Maximiliano Ramos en Tijuana, Heriberto Castillo Salas en Contraloría y Visitaduría, y Rosa Aimeé Leal en la Coordinación Consultiva y Legislativa.

En el papel, se trata de perfiles con experiencia acumulada en distintas áreas del sistema de justicia, desde ministerios públicos hasta cargos en tribunales y dependencias federales. La fiscal general, María Elena Andrade, habló de una “reingeniería” para fortalecer el trabajo de investigación y dar resultados.

Pero más allá de los discursos, en el contexto pesan las recientes salidas del hoy ex fiscal central, Rafael Orozco Vargas y del fiscal regional de Mexicali, Efrén Ruiz Romo, lo que dejó entrever tensiones internas y un desgaste institucional que no se resuelve únicamente con cambios de nombre en las oficinas.

El reto para quienes hoy asumen el cargo no es menor. No se trata solo de experiencia en el currículum, sino de demostrar que la Fiscalía puede sacudirse inercias, dar resultados tangibles y recuperar la confianza ciudadana. De lo contrario, la llamada “reingeniería” corre el riesgo de convertirse en una simple rotación administrativa, con las mismas prácticas y los mismos problemas de siempre.

PIDE COPARMEX PRIORIZAR

Con miras al Paquete Económico 2026, la Coparmex ha lanzado un posicionamiento que no debería relegarse: Priorizar educación y salud, que consideran son los pilares que garantizan movilidad social y bienestar.

La presidenta Claudia Sheinbaum y los legisladores federales tienen la oportunidad de demostrar si realmente escuchan a la sociedad más allá de los discursos y si estos puntos son considerados en el Presupuesto de Egresos del año próximo.

El organismo patronal, encabezado por Juan José Sierra Álvarez, reconoce avances en la reducción de pobreza y en el ingreso laboral, pero advierte retrocesos y señalan las limitaciones de la política social actual.

Con datos oficiales, la Coparmex refiere en un texto que 48.2% de la población carece de seguridad social. Y si bien el acceso a servicios de salud mejoró ligeramente respecto a 2022, el retroceso frente a 2016 es grande porque 26 millones de personas más sin cobertura.

Así lo explican: “El cambio del modelo de atención en salud para población sin seguridad social, ha sido el factor clave en este retroceso”.

En educación, el escenario tampoco es alentador, pues señalan que, aunque hay una baja en 2022, de 0.8 puntos porcentuales, el porcentaje apenas ha variado respecto a 2026 y hoy hay 1.5 millones más de personas entre 3 y 21 años sin asistir a la escuela y sin educación obligatoria.

El empresariado pide certezas jurídicas, actualización en retenciones de ISR y condiciones para invertir, entre otros aspectos. Su desafío será pasar del posicionamiento por escrito al llamado relevante porque hay organismos empresariales que se han quedado relegados y su voz corre el riesgo de no ser escuchada ni por los gobiernos ni por la sociedad.