Ya es ley Amparito

Por años, las leyes en México han llegado tarde a las tragedias. Y esta vez no fue la excepción. La llamada “Ley Amparito”, aprobada por unanimidad en el Congreso de Baja California, nace de una pérdida irreparable: la muerte de Amparo Romero Gálvez, atacada por una jauría de perros con dueño, mientras caminaba en un parque de Mexicali hace casi un año.

Que esta reforma al Código Penal se haya aprobado es un paso importante, pero no deja de ser un recordatorio de que el dolor ciudadano sigue siendo el motor más efectivo para mover voluntades políticas. Aquí no hubo iniciativa espontánea de los legisladores; hubo una hija, Ana Lidia Soto Romero, que convirtió su duelo en una batalla jurídica y social, tocando puertas, presionando, y obligando al Congreso a escuchar.

La ley ahora contempla penas de 4 a 8 años de prisión para los dueños de animales que, por acción u omisión, causen la muerte de una persona. También endurece los castigos cuando las víctimas son menores, personas con discapacidad, adultos mayores o mujeres embarazadas. En el papel, es un avance. En la práctica, la verdadera pregunta es: ¿habrá autoridad que se atreva a aplicarla sin excusas?

Porque aquí el problema no solo es la falta de leyes, sino la costumbre de no hacerlas valer. La tragedia de “Amparito” ocurrió porque alguien dejó a sus perros sin control, pero también porque las instituciones fueron incapaces de prevenir y reaccionar. La sanción llega después del ataúd, y ese es un patrón que seguimos normalizando.

Ana Lidia lo dijo en el pleno: “La soberanía no está en el Congreso, está en el pueblo”. Es cierto. Pero en un Estado donde la justicia suele depender de la insistencia de las víctimas, ese poder ciudadano no debería ejercerse únicamente en el dolor. La “Ley Amparito” es un triunfo moral y legal, pero también un recordatorio incómodo: no tendríamos que esperar otra tragedia para que las autoridades hagan su trabajo.

ABAJO LA DEUDA

Una buena noticia para las atribuladas finanzas del País fue el hecho de que debido al peso que se ha mantenido estable y fuerte ante el dólar en la primera mitad del año, es que se logró reducir la deuda del sector público en alrededor de 200 mil millones de pesos.

De acuerdo con estimaciones de la empresa calificadora HR Ratings, el movimiento del tipo de cambio a favor de la moneda mexicana generó una reducción de al menos 194 mil 200 millones de pesos en el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (Shrfsp).

La Secretaría de Hacienda (SHCP) a cargo de Édgar Amador Zamora, por su parte, tiene otros datos, y asegura que la variación cambiaria permitió un ahorro mayor, de hasta 297 mil millones de pesos.

El Saldo Histórico se posicionó en un nivel de 17 billones 797 mil millones de pesos al primer semestre, equivalentes a 49.5% del Producto Interno Bruto (PIB); al cierre de 2024 significaba 51.3% del PIB.

De acuerdo con las proyecciones de Hacienda, para el cierre de año se plantea que el Saldo Histórico rebase los 18 billones de pesos. Esto ubicaría la deuda pública en 52.2% del PIB, según las estimaciones para el crecimiento en 2025 de HR Ratings, muy parecido al 52.3% planteado por la dependencia federal.