Otra renuncia en la FGE

Pero qué está pasando al interior de la Fiscalía General del Estado (FGE), a qué se deberá tanto cambio anunciado como renuncia, pero que los malpensados aseguran que se trata de ajustes ordenados por la propia fiscal General, Ma. Elena Andrade Ramírez.

Y es que este lunes tocó el turno al fiscal Regional de Mexicali, Efrén Ruiz Romo, quien presuntamente habría renunciado al cargo aduciendo “motivos personales”, pero el contexto reciente permite otra lectura. Desde hace semanas Ruiz Romo enfrentaba señalamientos públicos, particularmente por parte de Ana Lidia Soto Romero, quien lo acusó de violencia institucional en su contra luego de que la también ex empleada de la FGE señalara irregularidades en el caso de su madre, Amparo Romero, por parte de la dependencia, luego de que la mujer murió a causa de las heridas recibidas en un ataque canino. De hecho la renuncia del Fiscal se presenta en el marco de la aprobación en comisiones del Congreso del Estado de la llamada Ley Amparito, en honor de la madre de Soto Romero, con la que se busca responsabilizar y castigar hasta con ocho años de prisión a los dueños de mascotas que por omisión de cuidados o de manera intencional causen la muerte de una persona.

Más allá de las justificaciones formales, la opacidad con la que se manejan estos cambios abre la puerta a la especulación sobre los verdaderos motivos. El problema parece ser ya no solo quién se va, sino qué rumbo toma la Fiscalía en medio de estas renuncias consecutivas. En el escenario actual donde la seguridad y la procuración de justicia atraviesan por retos profundos, la incertidumbre en los mandos es un lujo que la institución y la ciudad no pueden darse.

VEN ‘CARO’ EL CAMPO EN EEUU

Migrantes en Estados Unidos no sólo tienen que soportar redadas, discriminación, y carencias, ahora, aunque parezca una broma de mal gusto, legisladores de ese país buscan que los trabajadores del campo tengan un menor salario.

En una carta enviada al Departamento de Trabajo de EE.UU, a cargo de Lori Chávez-DeRemer; 25 senadores y 62 congresistas solicitaron al Gobierno rescindir una regla de la administración Biden que, acusaron, infla injustamente los salarios de los trabajadores migrantes del campo e impone una carga financiera excesiva a los empleadores. Según dichos legisladores el alto costo de la mano de obra extranjera en el sector agrícola es insostenible y está encareciendo los alimentos para el consumidor estadounidense. Esto parecería una incongruencia dado que semanas atrás republicanos pedían que se aceleraran los trámites para dar permiso a jornaleros de trabajar en la Unión Americana ya que las granjas estaban urgidas de mano de obra.

De hecho hace unos días la cadena CNN transmitió un reportaje sobre las siembras en los campos de cerezas las cuales se estaban echando a perder por falta de trabajadores.

De acuerdo con la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de EU, el 92% de los empleados foráneos legales del campo estadounidense contratados del 2018 al 2023 eran mexicanos.

De aceptarse esa solicitud, sería un golpe más a la economía de los migrantes en Estados Unidos, que ya no “ven la suya”.