Voz a los desaparecidos
Por voz y voto luchan los familiares de personas desaparecidas ante el grave problema que sigue creciendo en México, el cual conocen más que cualquier gobierno sea municipal, estatal o federal.

Por voz y voto luchan los familiares de personas desaparecidas ante el grave problema que sigue creciendo en México, el cual conocen más que cualquier gobierno sea municipal, estatal o federal.
En este momento hay más de quince aspirantes que participan en el proceso que realiza el Senado para ser parte del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que estará conformado por cinco familiares, cuatro especialistas en derechos humanos y cuatro representantes de organizaciones de la sociedad civil. A cargo de esta tarea está la comisión de Gobernación, presidida por la senadora Margarita Valdez. Los familiares y activistas que aspiran a integrarse a este nuevo órgano destacan que es positivo que exista una ley en materia de desaparición de personas, pero ven necesario atender otros aspectos que inciden en la labor de búsqueda de personas como la aplicación de sanciones ejemplares a los servidores públicos que entorpezcan el trabajo de los colectivos de buscadores e incumplan con su responsabilidad, también consideran importante capacitar a la gente sobre sus derechos para que lo exijan a los ministerios públicos y otros funcionarios.
Se ha planteado que la definición de los posibles integrantes de este Consejo será a más tardar este 15 de agosto para que quede resuelto antes de que inicie el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión.
Diversos reportes de organizaciones como Amnistía Internacional y del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia indican que en el País hay más de 128 mil personas desaparecidas y no localizadas, y les preocupa que en los últimos meses el caso de mujeres se ha incrementado en 30%. La desaparición de personas es preocupante y hay quienes consideran que las acciones del Estado mexicano son insuficientes para frenar este problema visto ya como una “crisis humanitaria”.
UN PASO ADELANTE PARA ENSENADA
La reactivación del proyecto del bypass en Ensenada representa mucho más que una obra de infraestructura: es una señal de que, cuando existe voluntad política, gestión efectiva y coordinación entre niveles de gobierno, los proyectos estratégicos pueden avanzar. Así lo informó Arturo Espinoza Jaramillo, titular de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial (Sidurt), quien detalló que este plan largamente anhelado vuelve a tomar forma luego de años de estancamiento.
Tras el colapso de un tramo de la carretera escénica en 2013, quedó clara la vulnerabilidad de Ensenada al depender de una sola vía de comunicación. Desde entonces distintos sectores han impulsado la necesidad de contar con una alternativa. Aunque el proyecto se planteó desde hace más de una década, quedó detenido por factores técnicos y políticos. Hoy, afortunadamente, se ha retomado con seriedad.
Espinoza Jaramillo explicó que el bypass ya cuenta con un 90% de avance en su trazo, y que hay disposición de trabajar en conjunto con Banobras, Capufe y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) para sacar adelante la propuesta. También destacó la buena relación que ha mantenido la gobernadora Marina del Pilar Ávila con la administración federal, lo que ha facilitado la reactivación del proyecto.
Se estima una inversión de alrededor de 4 mil millones de pesos por parte de la federación. Más allá del monto, esta obra representa desarrollo económico, empleos, mejor conectividad regional y prevención ante futuros incidentes que puedan afectar la escénica.
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