Es para proteger
Al Gobierno del Estado le está costando trabajo dejar en claro que el llamado “Protocolo de Actuación Gubernamental para la Prevención y Atención de Manifestaciones y/o Protestas en Baja California”, tiene la intención de regular el actuar de las autoridades y no de coartar la libertad de manifestación de la sociedad.

Al Gobierno del Estado le está costando trabajo dejar en claro que el llamado “Protocolo de Actuación Gubernamental para la Prevención y Atención de Manifestaciones y/o Protestas en Baja California”, tiene la intención de regular el actuar de las autoridades y no de coartar la libertad de manifestación de la sociedad. Este miércoles en la conferencia “Mañanera” de la gobernadora, Marina del Pilar Avila Olmeda, el tema lo abordó el propio secretario General de Gobierno, Alfredo Álvarez Cárdenas, en respuesta a una serie de pronunciamientos y comentarios vertidos en las redes sociales en los que calificaban el mencionado documento como represor de las manifestaciones públicas. Este jueves el Gobierno de Baja California insistió de nuevo con un comunicado enviado a los medios de comunicación en el que se aclaraba, una vez más, que la naturaleza del protocolo es la de proteger a los manifestantes y responsabilizar a las instituciones de gobierno de actuar y responder al llamado de quienes disienten. Habrá que ver cuánto tiempo toma al Estado convencer a la ciudadanía de que el “Protocolo de Actuación Gubernamental para la Prevención y Atención de Manifestaciones y/o Protestas en Baja California” no es represor, pero al parecer hay en el ecosistema público del estado algunos actores que le están “sacudiendo el avispero”.
REVOCACIÓN DE MANDATO
La iniciativa que busca establecer la revocación de mandato en Baja California avanzó un buen trecho este jueves al ser votada a favor en la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado.
Juan Manuel Molina, presidente de dicha comisión, asegura que se trata de una armonización de ley federal sobre este tema y que contempla, principalmente, que la ciudadanía pueda someter a consideración el trabajo del titular del Poder Ejecutivo, tres meses después de que cumpla la mitad del mandato.
Con esta iniciativa se contempla modificar diversos artículos para incorporar la revocación de mandato como mecanismo adicional al sufragio periódico para la revocación de los poderes públicos.
ARANCELES NO... POR LO PRONTO
Lo bueno es el alivio porque no se aplicarán este viernes los aranceles a México; lo malo, es que no desaparece la amenaza, sólo se aplaza 90 días, y lo feo es que los sectores productivos ven que se prolonga la incertidumbre que empezó desde enero de este año.
Así se ve el pacto de Claudia Sheinbaum y Donald Trump concretado ayer para evitar los aranceles adicionales del 30% de Estados Unidos a productos mexicanos que, aunque fue tomado como una acción positiva, la preocupación del empresariado y especialista es que el presidente estadounidense está “jugando con los tiempos”.
Ambos mandatarios sostuvieron una conversación telefónica, que fue fructífera y mostraron que hay diálogo abierto. La presidenta Sheinbaum dijo que ha resultado el abordar la situación con cabeza fría y temple, mientras que el presidente Trump dice que se entienden mejor.
México seguirá pagando un arancel del 25% al fentanilo que se aplica a los productos no cubiertos por el TMEC, un arancel del 25% a los automóviles y un arancel del 50% al acero, el aluminio y el cobre.
Especialistas como Gabriela Siller destacan que Estados Unidos ha recaudado en este año 5 mil 762 millones de dólares en aranceles por importaciones desde México y en estos 90 días, el Gobierno mexicano deberá enfocarse en quitar las tarifas a automóviles, autopartes, acero, aluminio y cobre. Lo que coinciden los analistas es que todo apunta a que este panorama incierto continúe hasta 2026 porque Estados Unidos busca “patear el bote” hasta la revisión del TMEC.
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