Ley antilavado 2025

La reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 16 de julio de 2025, en su versión vespertina, cual entrará en vigor al día siguiente hábil de su publicación, es decir, el 17 de julio de 2025.

Estas son algunas de las modificaciones relevantes dentro de la Ley Antilavado 2025:

La reforma incorpora nuevas actividades como las relacionadas con criptomonedas y desarrollos inmobiliarios, expandiendo el alcance de la ley a sectores que antes no estaban obligados.

La SHCP adquiere mayores facultades para supervisar y sancionar el cumplimiento de la ley, incluyendo la facultad de solicitar información financiera y patrimonial a entidades públicas sin necesidad de orden judicial.

Se establecen medidas más estrictas para la identificación de clientes y el resguardo de la información relacionada con operaciones financieras, incluyendo el uso de sistemas automatizados para el monitoreo de riesgos.

Se incluye una definición de Personas Políticamente Expuestas (PPE), que abarca a legisladores, servidores públicos y otros funcionarios de alto nivel, quienes están sujetos a mayores controles.

Se establece un régimen simplificado para la identificación de clientes que son entidades públicas, con el objetivo de facilitar el cumplimiento de la ley en este ámbito.

Se amplían las obligaciones de notarios y corredores públicos en relación con la prevención de lavado de dinero, incluyendo la identificación de beneficiarios finales y la verificación de la información proporcionada.

Se exige a las entidades obligadas a implementar sistemas automatizados para el de riesgos y operaciones, con el fin de mejorar la detección de actividades sospechosas.

Se establece una mayor colaboración entre la SHCP, la Guardia Nacional y otras instituciones para la prevención e investigación de delitos relacionados con el lavado de dinero.

Se establece un mecanismo para proteger la identidad de las personas encargadas de dar cumplimiento a la Ley Antilavado dentro de las organizaciones.

Los umbrales para la presentación de avisos y la aplicación de medidas de prevención se actualizan utilizando la Unidad de Medida y Actualización (UMA) en lugar del salario mínimo.

Se refuerzan las sanciones por incumplimiento de la ley, incluyendo multas y otras medidas coercitivas.

Se reconoce a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como víctima en casos de lavado de dinero, lo que le permite participar activamente en las investigaciones y procesos judiciales.

• *- El autor es Abogado Fiscalista.