Admiten ‘excepción’ en Sinaloa

Justo cuando se reportaban avances en seguridad en “todos los estados” y la presidenta Claudia Sheinbaum admitía ayer que la excepción era Sinaloa, las autoridades de ese Estado confirmaban que en Culiacán asesinaron a 20 personas, dato que desde la noche del domingo había trascendido a nivel nacional.

En el conteo oficial, los homicidios han disminuido 25% en el País en sus primeros ocho meses de Gobierno, esto pese a las recientes masacres, ahora llamadas “homicidios múltiples”, de Guanajuato y Sinaloa, que siguen estremeciendo a la población.

La lucha contra el crimen organizado no ha sido fácil pues los grupos criminales operan en gran parte del territorio Nacional y a los que el Gobierno Federal busca combatir, asegura, a través de una batalla frontal como el reciente desmantelamiento de la mega red de “huachicol” del Estado de México, Ciudad de México y Querétaro, o el decomiso de un semisumergible en las costas de Guerrero cargado con cocaína, e incautación y destrucción de laboratorios de fentanilo.

Por eso, para muchos estos golpes al narcotráfico son un claro mensaje del fin de la política de “abrazos, no balazos” del sexenio anterior, aunque, dicen, en los discursos se diga que no.

PROTOCOLOS

El fallo condenatorio que emitió la semana pasada un juez en Mexicali contra el maestro Esteban Canchola Herrera, acusado del delito de omisión de cuidado, despertó la inconformidad generalizada del sector magisterial en Baja California. Grandes grupos de maestros integrantes de diversos sindicatos magisteriales, han salido a manifestarse y exigir la revisión de los protocolos que el propio maestro asegura haber cumplido, y que, a pesar de ello, hoy espera sentencia tras el lamentable fallecimiento de un menor por la que se le está responsabilizando.

La recién nombrada secretaria de Educación, Irma Martínez Manríquez, será la encargada de hacer frente a esta problemática, pues los maestros manifestantes han externado que se trata de una cacería de brujas que busca un chivo expiatorio para no seguir con la investigación de una posible negligencia médica. Este martes iniciarán las mesas de trabajo para revisión de protocolos, pero el próximo 3 de julio se leerá la sentencia en contra del docente. Y aunque la fiscal General del Estado, María Elena Andrade Ramírez, ya dijo que no será necesario que pise la cárcel, el antecedente penal no se lo quitará nadie.

SIGUE ‘PLEITO’ LIMÍTROFE

Los que no terminan de ponerse de acuerdo son los gobiernos municipales de Ensenada y Rosarito sobre el tema limítrofe que por años los ha enfrentado administrativamente. La falta de formalidad en la entrega de documentación necesaria, por parte de Ensenada, para ofrecer todos los servicios a los residentes de Santa Anita, por parte de Rosarito, ya orilló al gobierno de este último municipio a solicitar la intervención del Congreso del Estado para que llame a integrar una comisión de entrega-recepción de las cuentas catastrales a Rosarito.

La alcaldesa, Rocío Adame Muñoz, asegura que desde que inició su gobierno se avanzó a través de mesas de trabajo que se vieron afectadas por el amparo concedido a los habitantes de San José de la Zorra.

Tal situación a quienes termina perjudicando es a los residentes de la zona en disputa porque no terminan por establecerse con claridad las responsabilidades de los municipios y por lo mismo los servicios no llegan al 100% hasta ellos.