Predicciones cumplidas

Y como si de un guión se tratara, los resultados de la elección extraordinaria de juzgadores del Poder Judicial del Estado arrojaron en Baja California un final que muchos predijeron. En el caso del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) quedaron figuras con amplia trayectoria judicial como Karina Acosta Dueñez y Salvador Avelar Armendáriz, quienes actualmente se desempeñan en salas civiles y penales, respectivamente, pero sobre todo, Alejandro Isaac

Fragozo López, quien deberá ceder, al parecer, la Presidencia de ese Poder.

También quedaron Columba Imelda Amador Guillén, Karla Patricia Amaya Coronado, Julio César Díaz Meza, Cynthia Monique Estrada Burciaga, Carlos Alberto Ferré Espinoza, Carlos Rafael Flores Domínguez, Leonor Garza Chávez, Nelson Alonso Kim Salas, María Dolores Moreno Romero, Michelle Corona Navarro, María Elizabeth Castro Rodríguez, Gustavo Medina Contreras y Odette Tapia Palma, así como Álvaro Castilla Gracia como magistrado en Justicia para Adolescentes. El proceso culminó con la entrega de constancias en una sesión pública celebrada el 13 de junio en el teatro Salvador Caldera, en la Casa de la Cultura, en Mexicali.

Los nuevos magistrados rendirán protesta e iniciarán funciones el 1 de septiembre de 2025, con vigencia hasta el 31 de julio de 2033. También quedó conformado el Tribunal de Disciplina Judicial, órgano responsable de supervisar el actuar ético de jueces y magistrados, que anteriormente realizaba el Consejo de la Judicatura.

En este tribunal fueron electos como magistrados propietarios Flor Olivia Ortegón Lizárraga, Guadalupe Ricardo Rodríguez y Manuel Nahum Rodríguez Chávez, mientras que Sandra Cristina López Valenzuela fue designada como magistrada supernumeraria.

CENSURA O SEGURIDAD

Preocupación y asombro ha causado en buena parte de la sociedad la nueva Ley de Ciberseguridad impulsada por el Gobierno de Puebla. La llamada “Ley Censura” castiga con penas de hasta tres años de prisión a quienes emitan insultos u ofensas en redes sociales, y es una legislación que fue publicada en el Boletín Oficial del Estado, por lo que ya entró en vigor. Organizaciones como Artículo 19 y Sociedad Civil México advirtieron que esta nueva disposición podría ser utilizada para reprimir la libertad de expresión y la crítica hacia el Gobierno estatal que encabeza Alejandro Armenta Mier.

Lo que ha inquietado es que esta ley oficializó como nuevo delito en su Código Penal estatal: El ciberasedio o ciberacoso, que establece: “Comete el delito de ciberasedio quien a través de la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, redes sociales, correo electrónico o cualquier espacio digital insulte, injurie, ofenda, agravie o veje a otra persona, con la insistencia necesaria para causarle un daño o menoscabo en su integridad física o emocional”, establece uno de sus artículos.

Esta ley ha encontrado rechazo y señalamientos a nivel nacional porque se asegura que no se consultó a especialistas ni se incorporaron estándares internacionales de libertad de expresión.

POCA PESCA Y SIN APOYO

Quienes aseguran que ya no ven lo duro sino lo tupido son los pescadores del Estado, quienes están considerando acudir directamente con la secretaria de Pesca y Acuacultura del Gobierno del

Estado (Sepesca), Alma Rosa García Juárez, para acusar a su coordinador de Gestión de Pesca y Acuacultura, Rogelio Sánchez Salazar, a quien señalan por, presuntamente, no dar atención al sector social.

Por lo menos tres líderes pesqueros se han quejado de que los apoyos y subsidios no se reflejan, y su participación en procesos de organización productiva es nula, tanto en el Golfo de Baja California como en el Pacífico.

Al igual que en otros sectores como la agricultura, los pescadores han expresado su preocupación por la situación tan crítica por la que atraviesan.