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Sector construcción, en su punto más crítico por falta de obra pública

Los datos más recientes publicados por el INEGI, sobre la actividad de las empresas constructoras en Baja California, confirman una situación que ya se percibía en el gremio.

Elmer Peña Ruvalcaba

Los datos más recientes publicados por el INEGI, sobre la actividad de las empresas constructoras en Baja California, confirman una situación que ya se percibía en el gremio: El sector atraviesa una de sus etapas más difíciles en los últimos años, particularmente en el rubro de la edificación, donde se observa una contracción alarmante.

Durante el primer bimestre de 2025, las empresas dedicadas a la edificación en la entidad registraron una caída del 60.8% respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que el valor total de producción pasó de 2,572.5 millones de pesos en 2023, a apenas 1,827.6 millones este año, lo que representa el nivel más bajo de los últimos cuatro años, para un inicio de ejercicio fiscal.

Esta disminución no sólo refleja una baja demanda, sino que también es síntoma de un entorno económico incierto, donde la inversión privada comienza a desacelerarse ante políticas nacionales que han generado incertidumbre, como el ajuste de aranceles y la falta de mecanismos claros de fomento a la inversión.

Además, a ello se suma el encarecimiento de insumos clave, pues en Tijuana el alquiler de maquinaria aumentó 14.23%, a tasa anual, en febrero de este año, en tanto que los materiales de construcción se incrementaron en 1.20%, ambos muy por encima de los niveles observados en 2024.

Si bien la edificación sigue siendo el principal motor del sector, al aportar el 63.5% del total del valor de producción en la entidad, el problema central es la falta de obra pública como ancla para la estabilidad del gremio.

En el caso de Baja California, la inversión pública contemplada para este año es notablemente baja, lo cual limita las oportunidades para cientos de empresas que forman parte de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), y que dependen, en buena medida, de la participación en obra gubernamental.

Respecto de Tijuana, mantenemos la expectativa sobre los proyectos que realiLa el Ayuntamiento, luego de que la Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Ambiental compartiera, en reciente reunión, un estimado de inversión pública por el orden de los 1,500 millones de pesos.

Aun cuando este monto representa una oportunidad para las empresas locales, es fundamental que exista una programación clara y abierta que permita su ejecución de manera eficiente y con participación local.

Desde CMIC reiteramos la urgencia de que los tres niveles de gobierno retomen con celeridad la planeación y ejecución de obra pública como política anticíclica, especialmente en momentos donde el sector privado comienza a retraerse.

Cabe recordar que la construcción tiene un efecto multiplicador sobre el empleo, el consumo y la movilidad económica, y dejarla estancada implica frenar también la recuperación de otras industrias asociadas.

*El autor es presidente de CMIC Tijuana, Tecate y Rosarito.

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