Las escaleras se barren…

Por el derecho a la libertad de expresión.

Durante su campaña por la presidencia de la República, López Obrador utilizó la consigna de barrer la corrupción, de manera constante y como tarabilla. Para el común de los mexicanos, como lo soy yo, daba gusto escuchar que el fin de los malos tiempos ya estaba por comenzar. Me imaginaba, y coincidía con mis allegados y mis amistades, ver a quienes se habían estado apoderando de los recursos financieros del erario municipal, estatal y federal, siendo ingresados a la cárcel por los peculados cometidos. Nos congratulábamos por haber sido premiados con este enorme logro, de ver barrer las escaleras de arriba hacia abajo. Sin embargo, a dos meses de que se termine el sexenio de López Obrador, los resultados son casi nulos. La consigna principal y la promesa hecha, día con día en la campaña, se desvaneció.

A nivel nacional el principal evasor de impuestos, Ricardo Salinas Pliego, está en un litigio federal contra el fisco y López Obrador, por el pago de impuestos de más de 30 mil millones de pesos y a quien, además, no se le ven las ganas de pagarlos. Con toda seguridad no es el único empresario que tiene una deuda fiscal de esta envergadura. Deben existir otros que no han hechos sus pagos y a quienes, la justicia federal no podrá hacer nada contra ellos. Este es el México de dos estándares con una medida para la burguesía y otra para el resto de la población. De la misma manera, no se miró durante todo lo que llevamos del sexenio, ninguna acción que nos llevara a pensar que se estaban instrumentando procesos de investigación y denuncia, de peculados y otros delitos relacionados con la función pública. No se utilizó ninguna escoba para iniciar el proceso de sanación, de la administración de los recursos financieros nacionales. Esto es un hecho.

En los antiguos cinco municipios de Baja California, existen denuncias penales contra expresidentes municipales, así como iniciativas de juicio político que no llevaron el curso legal al que estaban destinadas. En Tecate, siguen sin ser investigados los asuntos de Javier Urbalejo Cinco con un juicio político denunciado, César Moreno González de Castilla con una demanda penal, Nereida Fuente y Zulema Adams, con posibles delitos de peculado. En este asunto deben también ser investigados, los Síndicos Procuradores de cada una de esas administraciones municipales.

Pero lo que realmente determinará cómo deberemos evaluar los trabajos contra la corrupción en el actual gobierno federal, es, indudáblemente, el rescate de Javier Corral, exgobernador de Chihuahua, a quién la fiscalía de su estado, le otorgó una orden de aprehensión por delitos cometidos durante su administración. Esta situación de transformarse de perseguidor a protector de delincuentes, que ha adoptado el Gobierno de la República, modifica su gestión totalmente. Pero, además, no les da a los ciudadanos la posibilidad de verlo como una estrategia utilizada para lograr un gran golpe a la corrupción. Por el contrario, la cobija y quita el cerrojo para que se puedan producir otros actos viles como este, al final de su mandato. La principal promesa hecha al pueblo de México por la cual muchos votantes acudimos a las urnas se fue al caño de las aguas sucias, y nos dejó pensando, angustiados, en que ya no tendremos otro camino, más que el vivir soportando el mal actuar de los funcionarios públicos, sin que haya una autoridad interesada u obligada a perseguirlos por delitos penales. Por eso mismo es que no vemos salida a la contradicción que existe, entre los mensajes exigiendo la modificación del sistema judicial y la elección ciudadana de los jueces y magistrados, con la cotidiana forma de modificar las leyes o excluirlas, al tomar decisiones que impactarán a nuestra sociedad en el corto, mediano y largo plazos. Vale.

*El autor es licenciado en Economía con Maestría en Asuntos Internacionales por la UABC.