Comisiones

Donde tuvieron un resbalón es en el área de Comunicación Social del Congreso del Estado, donde se acaba de estrenar la 25 Legislatura de Baja California.

Los encargados en el edificio del Legislativo, para empezar, en el comunicado número seis enviado ayer, informaron sobre la instalación de la Comisión de Comunicación Social. En el encabezado del boletín, señalan que va a ser la diputada Araceli Gerlado (sic), así como suena, la presidenta de la Comisión de Comunicación Social y Relaciones Públicas. Vaya, se equivocaron con el apellido de quien preside esa comisión, puesto que la legisladora es Geraldo, no Gerlado como lo escribieron.

Por cierto, los diputados de la 25 Legislatura ya se repartieron las comisiones, donde nuevamente el ex panista, ex emecista y ahora recalcitrante morenista, Juan Manuel Molina García, se “agandalló” presidencia de la comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, mientras que Julia Andrea González Quiroz se quedó con la Comisión de Hacienda y Presupuesto, y Alejandra María Ang Hernández con la presidencia de la Comisión de Gasto Público. Con la propuesta de última hora de Molina García como diputado de la anterior legislatura, para crear más comisiones “chatarra”, a todos los diputados les tocó presidir al menos una.

Si en realidad la creación de comisiones, mesas de trabajo, juntas de coordinación y mesas para temas de ocurrencias sirvieran para algo, quizá habría más calidad en el trabajo legislativo, porque los legisladores cuando no tienen nada qué hacer o interesante que proponer, se ponen a lanzar exhortos desde la máxima tribuna para hacerse notar, exhortos que por cierto entran por un oído y salen por otro.

ERRORES

Precisamente en cuanto a trabajo legislativo, hay comentarios sobre la labor del diputado morenista Molina García, relacionado con la frustrada designación de un magistrado para el Tribunal Superior de Justicia del Estado, donde se venció el plazo de la anterior legislatura para hacer el nombramiento. Uno de los principales cuestionamientos de diversos abogados e incluso personal del Poder Judicial del Estado, es por qué como abogado y legislador en repetidas ocasiones, y sobre todo con la mano metida en el Poder Judicial, no se haya percatado antes de iniciar las entrevistas en Congreso del Estado a los aspirantes a magistrado, que en la primera parte del concurso de oposición a cargo de la comisión de Carrera Judicial, encabezada por el magistrado Gustavo Medina Contreras, estuvo plagado de vicios de origen e irregularidades que hacían ilegal la continuidad del concurso en la etapa que le tocaba al Poder Legislativo.

Uno de los errores que señalan, es que el 8 de mayo pasado, el aspirante Salvador Avelar Armendáriz, muy cercano a Molina, así como otros cinco aspirantes, no fueron entrevistados por un jurado de evaluación legalmente integrado, sino que los entrevistó otro magistrado que no estaba aprobado por el pleno del TSJE en la sesión de marzo de pasado, para ser parte del Jurado de Evaluación del concurso de magistrado.

TEPJF EN LA MIRA

El tema de la sobrerrepresentación en la distribución de diputaciones plurinominales para la Cámara de Diputados, que le daría la mayoría calificada a Morena y sus apéndices, será definido por los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ya se acerca la fecha en la que el Instituto Nacional Electoral (INE) defina si le da a Morena y aliados una sobrerrepresentación en la Cámara de más del 8% máximo que establece la Constitución Federal, o se la niega para dar más plurinominales a la oposición.

Sea cual sea la decisión y los argumentos legales del INE con respecto al reparto de las diputaciones, el caso se decidirá en el TEPJF, la última instancia, a donde recurrirán todos. Así que los magistrados de ese tribunal deberán decidir si regalan a Morena la mayoría calificada o dan lo que corresponde a la oposición para equilibrar la Cámara.