Arde Rosarito

Una papa caliente dejará la administración de Araceli Brown Figueredo a su sucesora Rocío Adame y es que, el secreto a voces que desde hace tiempo retumba sobre la presencia del crimen organizado en la Zona Sur de Rosarito ya se hizo público.

De hecho, desde fines del 2021 se encendieron las alertas, por la serie de asesinatos y enfrentamientos de policías municipales contra integrantes del crimen organizado asentados en el poblado Venustiano Carranza.

Por varios meses los ataques fueron constantes e incluso las escuelas de esa comunidad cerraron sus puertas por algún tiempo, ante la inseguridad que se vivía en la zona.

Si bien las cosas se calmaron en apariencia, residentes del lugar advirtieron en su momento que era “tierra caliente” y que comerciantes estaban siendo extorsionados, pero las autoridades se limitaron a decir que no había denuncias.

De acuerdo con el presidente del CCE de Rosarito, Gustavo Torres, a estas alturas toda la Zona Sur del municipio ya ha sido tomada por la delincuencia organizada y particularmente han visto en los restauranteros un nicho de mercado, pues los obligan a comprarles todos sus insumos.

Según él, esto ya se había denunciado desde hace meses a las autoridades estatales, pero es poco lo que se ha hecho por combatir esta práctica, que tiene muertos de miedo a todos los comerciantes y restauranteros.

Ojalá y las cosas se tomen en serio porque, en el caso de Rosarito ya vivió tiempos difíciles por allá del 2006 y 2007, cuando los secuestros estaban a la orden del día, robando la tranquilidad de los habitantes y mermando la actividad turística.

IMPUNIDAD EN SAN LUIS

A un año de la tragedia registrada en un centro nocturno en San Luis Río Colorado, que acabó con la vida de trece personas que quedaron atrapadas en un incendio, la impunidad se impone.

Fue la madrugada del 22 de julio cuando un hombre identificado como José Luis “N” prendió fuego de manera intencional en el mencionado antro, por lo que las llamas y el humo se propagaron en minutos por el sitio.

Dentro del “Beer House”, como se llamaba el antro, se convirtió en una trampa mortal, porque el inmueble no cumplía con los requisitos de seguridad ni de protección civil para evacuar el local en caso de emergencia.

Ahí se extinguieron las vidas de, entre otras personas, el vocalista del grupo Mitosis, Antonio Cisneros, así como la de Lizeth Alejandra Reyes, quien falleció tras 20 días de agonía.

Pero como suele suceder en estos casos en México, no pasó nada, salvo la captura de José Luis “N” como autor material e intelectual del asesinato de esas trece personas.

Sobre quienes en teoría debería haber recaído algo de responsabilidad o haber tenido algo de decencia para renunciar por lo acontecido, están el alcalde morenista Santos González Yescas; el director de Desarrollo Urbano, Jorge René Arce; y el director de Protección Civil Municipal, Ricardo Trigo.

Tanto el primer edil de San Luis Río Colorado, como sus funcionarios, permitieron la operación de un establecimiento con venta de bebidas alcohólicas, construido de materiales inflamables, improvisados, y sin más medidas adecuadas precisamente para casos de emergencia como la tragedia de hace un año.

Ya sea por acción u omisión, el Ayuntamiento sanluisino y sus funcionarios contribuyeron a que ocurriera esa desgracia, donde la vida de trece personas acabó de una manera horrible.