Reformas al poder Judicial Federal

Cuando se habla del desempeño del poder judicial, uno de los reclamos que normalmente escuchamos, en términos generales, es lo complejo que se vuelve obtener justicia en este país, para quienes están inmersos en algún juicio, se vuelve en muchos casos un calvario enfrentarse a la burocracia del sistema de impartición de justicia.

No es menester validar o no las encuestas que recientemente se hicieron para conocer la opinión de la población sobre si está de acuerdo que se realicen reformas al Poder Judicial Federal, donde el 80 por ciento de los encuestados avalan la propuesta. El porcentaje tan alto deja claro que los ciudadanos encuestados tienen la esperanza de que la impartición de justicia en México mejore. Pero ¿cuales son los alcances?

De entrada, lo novedoso es que los cargos mencionados se elegirán en las urnas de manera democrática, con el voto directo, es decir, los ciudadanos decidiremos quienes serán los nuevos impartidores de justicia. Eso no implica que cualquier persona pueda participar como candidato o candidata, las propuestas para competir por esos cargos provendrán del Ejecutivo Federal, del propio Poder Judicial y del Congreso de la Unión, al menos es la propuesta al momento; Otro aspecto importante es que se eliminarían las salas de la SCJN, solo sesionara en pleno y se reducirá el número de ministros de 11 a 9.

Y como sello del gobierno del presidente López Obrador, a los nuevos miembros del Poder Judicial Federal, incluidos los Ministros de la Corte, les será aplicable la austeridad republicana, es decir, nadie podrá ganar más que el presidente de la República, además de que los ministros salientes no gozaran de pensión vitalicia y demás beneficios de los que gozaban los ministros en retiro, tal como ocurrió con los ex presidentes de la República.

La elección para renovar el poder judicial federal se espera que se lleve a cabo en junio del 2025, en la cual podrán participar quienes actualmente ocupan un cargo, siempre y cuando sean propuestos para ello, habrá un periodo de campaña de 60 días, sin precampaña como en los cargos de elección popular, no existirá financiamiento público ni privado, pero si acceso a tiempos de radio y televisión para exponer sus propuestas, así como foros de debate.

En general serán parecidas a las elecciones que conocemos, será fundamental evitar la influencia de grupos de interés, sobre todo del crimen organizado, así como garantizar la seguridad del proceso y sus participantes.

Al tratarse de una reforma constitucional se requiere su aprobación por mayoría calificada, lo cual estaría garantizado en la Cámara Baja, Morena y sus aliados deberán tejer fino en el Senado para conseguir los pocos votos que faltarían, una vez aprobado, pasará a las legislaturas de los Estados, donde tampoco tendrán problema en lograr su aprobación, dado que Morena gobierna actualmente la mayoría de las Entidades Federativas y tiene mayoría en sus respectivos congresos. Del parlamento abierto que antecede a la votación legislativa, creo que escucharemos posturas interesantes en el debate, en ambos sentidos, pero quedaran solo para el registro.

Ahora, lo verdaderamente importante es que esta reforma beneficie a quienes tienen la necesidad de acceder a la justicia, que el termino de justicia pronta y expedita deje de ser letra muerta, que en la inercia de esta reforma federal, mejore el servicio en los tribunales Estatales, donde se dirimen la mayoría de los asuntos legales, hay entidades que hacen un buen esfuerzo, creo que BC está en esa ruta de vanguardia.

*El autor es abogado penalista y ex diputado federal.