¿Cómo creer en ellos?

Por el derecho a la libertad de expresión.

No puede haber nada más incongruente y deleznable, que después de haber estado afirmando continuamente durante la campaña política, el deseo de luchar contra la corrupción, iniciando la gestión gubernamental se traicione lo expresado. Sin embargo, este es un lugar común en la enorme mayoría de los funcionarios de elección popular. Lo que estuvieron diciendo, repentínamente carece de valor y no es factible darle seguimiento. Se olvida o se relega y no se le atiende. Estos funcionarios se conducen como si fueran los más selectos y cumplidores, y cuando se les pregunta sobre asuntos con los que se comprometieron, se molestan hasta dejan de hablarte. Posteriormente, como una forma de vengarse ante tu osadía por señalarles su traición, organizan golpeadores que se van contra los que les criticamos, y hacen señalamientos mentirosos para golpearte y escalan, inclusive, hasta la muerte. Por estas razones fueron asesinados 9 periodistas en nuestro país en el año 2023, que significó un descenso con relación a los 17 ocurridos en el 2022. Sin embargo, ya hay seis periodistas amenazados de muerte en este año. El periodista es asesinado por tener el valor de denunciar delitos, sin importar quién los cometa.

Los resultados de las elecciones del 2024 nos han dejado como ganador a la presidencia municipal a Román Cota, quién dejó su escaño como diputado local, para trabajar en su campaña electoral. En uno de los debates alguien le preguntó sobre unos páneles solares que compró para su casa, con recursos públicos durante su período como diputado local. En el debate lo aceptó, pero dijo que los iba a regresar. Este es un caso de corrupción que debe ser sancionado, pero que con el alto grado de podredumbre que existe, ni el Congreso del Estado, ni la Auditoría Superior, encargada de fiscalizar los gastos de los funcionarios del Estado de Baja California, ni ninguna otra autoridad lo han investigado, ni por supuesto, sancionado. Es un delito que, como muchos, quedará impune, porque con el consentimiento de todos los involucrados, se omitirá su investigación. ¿Podremos los tecatenses confiar, siquiera, en que Román Cota va a ser honesto y respetará las leyes, y por consiguiente, nuestro patrimonio? La respuesta rotunda es no.

De la misma manera, tenemos el caso de María Teresa Méndez Vélez, quién antes de ser Síndico Procurador de Tecate, interpuso junto con otras dos personas más, una demanda penal en contra del expresidente municipal César Moreno González de Castilla, y que cuando estaba en funciones como Síndico, no le dio seguimiento. Durante su campaña por la sindicatura, y después por la diputación, dejó de lado la posibilidad de ser congruente con ella misma, y ya parece haber olvidado los delitos que denunciamos en la demanda, cometidos por este expresidente, contribuyendo así con la impunidad y con los delitos de cuello blanco, de los funcionarios electos de primer nivel. Obviamente, ahora como diputada local, cerrará los ojos y los oídos y no perseguirá a quienes, aprovechándose de manera abusiva de su condición de funcionarios electos, violen las leyes, se enriquezcan ilegalmente y se apropien de los recursos financieros del erario.

Ambos funcionarios electos, Román y María Teresa, ya han comenzado su trayectoria de traiciones a la ciudadanía tecatense, y en general a la legalidad nacional, al utilizar recursos públicos para beneficio personal, uno, y a no darle el seguimiento que la ley mandata, a funcionarios con procesos penales en activo, la otra persona. No es correcto que en sus intervenciones políticas hagan aseveraciones de luchar por la legalidad, contra la corrupción y por el beneficio social de la población, y en la práctica diaria sean propulsores y protectores de los corruptos. Se debe ser congruente con lo que se dice, pero también respetuoso de lo que la ley expresa. Nadie debe estar por encima de la ley, pero en México, con el apoyo de los corruptos, cualquier delincuente puede seguir libre y gozar de derechos de protección de funcionario ciegos y sordos. Vale.

*El autor es licenciado en Economía con Maestría en Asuntos Internacionales por la UABC.