Aburto y año electoral

En la recta final del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y a 30 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, candidato priista a la presidencia de la República, se busca resucitar nuevamente el tema de quién lo mató, cuando Mario Aburto Martínez, asesino confeso, juzgado, sentenciado y encarcelado, está a punto de dejar la prisión.

Y es que el asesinato del candidato del entonces invencible PRI ha estado envuelto en toda clase de especulaciones, donde se ha hablado de dos tiradores, de tres “aburtos”, de complots encabezados por Carlos Salinas de Gortari, por el Cisen, por fuerzas oscuras y por demás.

La realidad es que en 30 años, de acuerdo a los miles de documentos existentes en expedientes, lo único que se ha podido demostrar es que fue Mario Aburto Martínez quien asesinó a Colosio Murrieta en la colonia de Lomas Taurinas, en Tijuana, en 23 de marzo de 1994. El mismo Aburto lo confesó en sus declaraciones ministeriales, ante un Juez y en una entrevista que le hizo en el penal de Almoloya de Juárez, Jesús Blancornelas. De hecho se hicieron reconstrucciones de hechos ante el Juez donde Aburto mostró libremente cómo ocurrieron los hechos.

Pero después de varios años encarcelado decidió cambiar su versión para alegar “tortura” para hacerlo confesar y decirse inocente. Incluso, la condena de 40 años de prisión ha quedado invalidada porque el Primer Tribunal Colegiado de Toluca ordenó al Juez una nueva sentencia basada en el Código Penal de Baja California, vigente el día del crimen, donde se establecía como pena máxima para el homicidio calificado de 30 a 40 años. Así que Aburto cumpliría la sentencia el próximo mes de marzo.

Ahí podría terminar la historia, pero en pleno año electoral todos buscan sacar raja política, incluido Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo de la víctima, quien ahora “apelando la compasión del Presidente” le pide indultar a Aburto para poner “carpetazo final” a este asunto. ¿Para qué pedir un indulto si al asesino de su papá le abrirán las puertas de la prisión dentro de menos de dos meses?

Por el lado del gobierno de López Obrador, la “autónoma” Fiscalía General de la República, del invisible fiscal Alejandro Gertz Manero, busca resucitar la hipótesis del segundo tirador jamás demostrada, que sería el agente Jorge Antonio Sánchez, un agente extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), para poder señalar que el gobierno de Salinas de Gortari participó en el crimen. Incluso, la FGR sostiene ahora que “… también se encuentra debidamente probado que el CISEN de la Secretaría de Gobernación mandó al acusado para que estuviera en el lugar de los hechos, para después encubrirlo y sacarlo de Tijuana de manera urgente y subrepticia”.

Como ante los Jueces Federales no han podido demostrarlo, la “autónoma” FGR aprovecha para golpear al Poder Judicial de la Federación, algo que está de moda desde Palacio Nacional, con el argumento de que “… el juez llegó hasta el extremo de emitir consideraciones de orden personal en contra del Ejecutivo Federal, lo cual es absolutamente inadmisible en un proceso de esta importancia, demostrando así que los delitos de carácter político, al igual que los de grandes despojos patrimoniales vinculados con gobiernos anteriores, se obstaculizan judicialmente para impedir que la justicia los alcance”. Ese argumento de la FGR tiene el sello de la 4T, al referirse a “gobiernos anteriores”.

En fin, a casi 30 años del asesinato de Colosio en Tijuana, todos buscan sacar raja política del crimen cometido por Mario Aburto Martínez.

“HACKEO” Es extremadamente peligroso lo ocurrido en Ciudad de México, donde los datos personales de los periodistas que cubren la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador hayan sido filtrados y exhibidos, junto con documentos oficiales, en redes sociales. Y no hay duda: Los documentos exhibidos de los periodistas son los utilizados para acreditarse para cubrir la conferencia. El argumento oficial es que fueron “hackeados”. Si esa es la “protección” y el “cuidado” o el uso que se les da en Palacio Nacional, entonces no hay en quién confiar.