Auditor con tintes tricolor

El Congreso del Estado eligió ayer en sesión virtual a quien será el nuevo auditor superior de Baja California, siendo el contador público Jesús García Castro el elegido para ocupar el cargo de 2020 a 2027.

La elección tuvo 23 votos a favor y una abstención, de quien en algún momento fue su compañero de partido, David Ruvalcaba, ya que García Castro fue miembro del Partido Revolucionario Institucional hasta mayo del año pasado, donde se separó del tricolor.

Hay que señalar que García Castro fue designado el 18 de diciembre del presente año como responsable de la Dirección General de Administración y Control, por el hasta ayer auditor en funciones, José Sergio Soto García.

Los aspirantes, quienes fueron entrevistados por los diputados, fueron Juan Jesús Algrávez Uranga, Juan Manuel Hernández Brito, Ismael Arturo Osuna Rivera, José Sergio Soto García, Rafael Arámbula Canseco, Mario Alzate Cruz, Víctor Manuel Cortés Rodríguez, Jesús Martínez Piñuelas, Martín Adolfo Jaime Jáuregui, Rogelio Herrera Sandoval, Miguel Ángel Jiménez Guzmán y el ahora designado Jesús García Castro.

La toma de protesta del nuevo auditor se realizó en la oficina de presidencia del Congreso ante el Presidente de la mesa directiva, Luis Hernández y la diputada Eva Gricelda Rodríguez.

Cabe recordar que en su momento Jesús García Castro compitió contra David Ruvalcaba por la dirigencia estatal del Partido, la cual al final fue para Ruvalcaba, quien tras su desempeño, hay que decirlo, salió por la puerta trasera de la dirigencia del PRI, no sin antes autoapuntarse para ser el primer diputado por la vía plurinominal del partido tricolor.

Los argumentos de David Ruvalcaba para mantener su voto en abstención fueron porque no se concluyó un procedimiento, al no hacerlo de manera presencial, aunque varios fueron los diputados que señalaron que todo fue transparente y con entrevistas virtuales, incluso los partidos de minoría, incluido el PAN votaron a favor.

Hay quienes dicen en el interior del Congreso que la abstención de David Ruvalcaba tiene que ver más con el tema de la competencia que hubo por la dirigencia del partido y la salida del contador público de las filas del PRI por no haber oportunidad de crecimiento.

¿Revancha?

Soplan vientos de cambio en Rosarito, pero estos vienen aparejados con un halo de sospechosismo que pudiera derivar en autoritarismo e incluso, llegar hasta el revanchismo, al menos en apariencia, pues resulta por demás curioso que dos representantes de asociaciones civiles estén bajo la mira de autoridades estatales, luego de haber tenido desavenencias con la alcaldesa Araceli Brown Figueredo.

El primero fue el restaurantero y presidente de la Asociación Yo Amo Rosarito, Rosario Castillo Ceja, quien andaba a todo tren entregando alimentos y otros artículos a la gente más necesitada que durante esta emergencia sanitaria se quedó sin posibilidades de trabajar para llevar el sustento a sus familias.

Después de dos “encontronazos” con la Edil que impidió la repartición de la ayuda argumentando que solo el DIF Municipal era el responsable de esa tarea, casi de inmediato su restaurante fue suspendido por autoridades de salud y así continúa a la fecha.

Ahora tocó turno al ex candidato independiente a la presidencia municipal, Kevin Peraza, quien actualmente preside la asociación Kaminando Juntos y quien deberá enfrentar una denuncia interpuesta ante la Fiscalía General del Estado (FGE), por parte de la Coepris, por regalar alimentos sin las medidas sanitarias adecuadas, aunque esta práctica la venía realizando desde el año pasado.

Resulta que hace algunos días, Kevin Peraza, abogado de profesión, interpuso una denuncia en contra de Brown Figueredo, por violencia política, en contra de la regidora Ornela Rueda, quien llegó a la posición gracias a los votos que él obtuvo en las urnas.

Rueda Méndez continuamente es callada y descalificada por la Alcaldesa en las sesiones de Cabildo, lo que motivó tal denuncia, según dijo la propia edil.

La preocupación, dicen otros, es que las represalias empiecen a ser una constante aun y cuando sean dependencias del Gobierno estatal, quienes las ejecuten.