Tumban Gubernatura de 6

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decidió por unanimidad revocar el fallo del Tribunal Judicial Electoral de Baja California en el que estipulaba que la próxima Gubernatura en el Estado sería de seis años, por lo que quedará como en un inicio, de dos.

A pesar de que el punto a discutir no se encontraba en la minuta inicial, posteriormente se hizo un agregado que se colocó en las oficinas del Tribunal para ser prácticamente el primer punto para tocar en la sesión que empezó con cerca de media hora de retraso.

Mucho se especulaba que sería una decisión dividida pero tras la lectura del documento en la que se revocaba la sentencia anterior, los magistrados no tuvieron participaciones para en automático votar todos a favor del proyecto, es decir que todo quedaría en dos años.

Con esta sentencia suman tres los “yerros” de los magistrados Leobardo Loaiza Cervantes y Jaime Vargas Flores a quienes ya les quieren hacer juicio político.

Tanto el sector empresarial como al menos cuatro partidos políticos buscan que se dé un castigo a los magistrados, derivado de las decisiones que posteriormente fueron tumbadas tanto en la sala regional como en la sala superior.

Último día

Ayer los partidos políticos cerraron sus campañas en todo el Estado, algunos incluso un día antes de la fecha límite.

Ahora los bajacalifornianos tendrán unos días para reflexionar y decidir quién nos gobernará en los próximos dos años.

Esta elección se puede catalogar como histórica, ya que por primera vez se permite la búsqueda de la reelección en alcaldías y diputaciones, por lo que el resultado cualquiera que fuere será para los libros.

Silencio en PJE

La crisis económica por la que atraviesa el Poder Judicial del Estado, a cargo del magistrado Salvador Juan Ortiz Morales, empezó desde su antecesor, el magistrado Jorge Armando Vásquez.

El problema es que esta situación se ha agravado y, tal como se comentó ayer en este espacio, ya empezó a afectar a terceros, no solo a funcionarios y empleados del Poder Judicial del Estado, sino a abogados y justiciables.

Un ejemplo de ello, que aunque parece sencillo no lo es, es el tema del servicio de fotocopiado, que de buenas a primeras dejó de ofrecerse en el edificio del Poder Judicial porque ya ni siquiera había presupuesto para el papel.

De hecho, quien requiera ese servicio, ya sean abogados o público en general, si se trata de fotocopiar los expedientes, se tiene que hacer la solicitud en el Juzgado y presentarse en la recepción del archivo a las 8:30 horas.

Luego, cuando ya estén los expedientes, el Comisario se llevará los expedientes, acompañado del solicitante, al centro de fotocopiado externo. Esto da pie a que se le “gratifique” al Comisario para agilizar el trámite, una forma sutil de corrupción.

En cuanto a los Juzgados, ha trascendido que el material de oficina llega prácticamente a cuentagotas, porque cuando se pide una cantidad equis, solo les llevan la mitad.

Ahí andan los empleados poniendo de su bolsa hasta los clips, los post-it u otros materiales.

Claro que de momento ni el Consejo de la Judicatura, donde firma como presidente Ortiz Morales, ni mucho menos el área de Comunicación Social, han dado la cara al menos para decir qué ocurre o qué están haciendo para contrarrestar esta difícil situación.