Diálogo empresarial

El pago de impuestos es casi tan antiguo como la humanidad. Si revisamos los libros de Historia, nos encontraremos con que antiguas civilizaciones como Egipto, Babilonia y sobre todo Roma, tuvieron sofisticados sistemas de recaudación y administración tributaria. La eficiencia, funcionalidad y equidad del aparato fiscal determinan en gran medida la riqueza y el progreso de una nación. Hay principios universales aplicables a todos los sistemas tributarios del mundo. Uno de ellos es el de la proporcionalidad de los impuestos. Debe haber una justa proporción entre lo que se gana y lo que se paga. Cuando más de la mitad de todo lo que se percibe se esfuma en carga fiscal, es que algo está funcionando mal. También existe el principio de la progresividad. Los incrementos tributarios deben ser paulatinos, progresivos, con la idea de dar a los sectores productivos la oportunidad de irse adaptando a su pago. Un impuesto debe motivar la inversión, la derrama económica y el emprendimiento de nuevos proyectos. Es la mejor manera de generar riqueza. Cuando una carga es tan alta e incómoda que inhibe la inversión, la creación de nuevas empresas y la generación de empleos, entonces es que algo está descompuesto en el sistema fiscal. Cuando un gobierno administra mal las finanzas públicas, la salida más fácil es aumentar impuestos, pues es la manera más rápida e inmediata de recibir recursos, aunque a la larga sea contraproducente, pues en lugar de estimular la creación de más fuentes de trabajo e inversión y por tanto de más contribuciones, el gobierno prefiere cargarle la mano a un contribuyente cautivo. En el Consejo Coordinador Empresarial hemos hecho pública nuestra oposición a los incrementos de impuestos contemplados en la Ley de Ingresos propuesta por el Gobierno del Estado de Baja California para el 2019. El Estado propone incrementos considerables al servicio doméstico, comercial e industrial del agua y también a los servicios que presta la Coordinación de Protección Civil a giros comerciales, industriales y de servicios. De igual forma se prevé un aumento al impuesto sobre la educación media superior y, lo que es aún más grave, un incremento al impuesto sobre nómina, algo que evidentemente impactará negativamente al empleo. La propuesta de ley enviada al Congreso contempla incrementar de mil 900 a 3 mil 400 millones de pesos los ingresos por la carga fiscal a las nóminas, un impuesto que perjudica al sector productivo e inhibe en forma directa la creación de nuevos empleos y la conservación de los ya existentes. En el Consejo Coordinador Empresarial exhortamos públicamente a los diputados del Congreso de Baja California a que den marcha atrás a esa propuesta que será prejudicial para los sectores productivos de la entidad y también para las familias con más necesidades. Creemos que el Gobierno del Estado puede buscar otras formas de fortalecer las finanzas públicas, empezando por medidas de ahorro y austeridad dentro de la propia estructura gubernamental. Es en la administración tributaria donde se ve la creatividad e inteligencia de un gobierno. El reto es maximizar las finanzas públicas y sacarles el mayor provecho sin lesionar ni asfixiar al contribuyente. Los empresarios no nos oponemos a pagar impuestos. A lo que nos oponemos es a ser cautivos de una carga que atenta contra los principios fiscales universales de progresividad y proporcionalidad. Queremos seguir contribuyendo, como siempre lo hemos hecho, a la grandeza y al desarrollo de esta entidad generando fuentes de trabajo e impulsando proyectos productivos que deriven en derrama económica para todos. Si hay más empleos, más proyectos y más derrama, todos salimos ganando. * El autor es Presidente del Consejo Coordinaro Empresarial.