Pareceres

Varios eventos han estado presentes esta semana en torno a la crisis humanitaria que vive nuestro país, conformado por un escenario de violación sistemática de derechos humanos de migrantes, de defensores de los derechos humanos; la migración forzada de miles de mexicanos por todo el territorio nacional que se ven obligados a abandonar sus lugares de residencia para preservar la vida ante la amenaza de muerte de parte del crimen organizado. En el ámbito de la academia y de la divulgación de resultados de investigación, se ha puesto sobre la mesa un tema del que en BC mediáticamente sabemos muy poco: el de la migración o desplazamiento forzado interno. En la Ibero Tijuana, el jueves pasado la doctora Ariadna Estévez, investigadora del Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN) de la UNAM, impartió la conferencia “Migración forzada: derechos humanos y desplazamiento”. De esta exposición rescato lo siguiente: Junto con el asesinato, la desaparición forzada y el feminicidio, la migración forzada es un elemento más que conforma un cóctel de violencia que está sirviendo para hacer una limpieza social de geografías donde las comunidades se organizan cada vez más para resistir la desposesión de sus hábitats naturales: hidrocarburos, recursos mineros e hídricos. (Un ejemplo: la Constellation Brands en Mexicali). Lo anterior no es una coincidencia, sino el síntoma de una necropolítica. Se trata de un concepto desarrollado por el filósofo Achille Mbembe y se basa en la idea de que para el poder unas vidas tienen valor y otras no. No es tanto matar a los que no sirven al poder, sino crear políticas en las que se van muriendo. Ante la resistencia de la sociedad civil o de los pueblos indígenas en la defensa de derechos humanos y el derecho a sus tierras y recursos naturales: “¿para qué negociar con comunidades indígenas, periodistas, mujeres preocupadas por sus hábitats, si se les puede desalojar de forma transitoria o definitiva a través de fuerzas criminales, políticas y misóginas, y dejar esas geografías (es decir, sus tierras) desiertas y sin posibilidad de conflicto? Como sociedad civil, ¿cómo hacer frente a ese avance de despojo y violación sistemática de los derechos humanos en México en donde cualquiera de nosotros o nuestros seres queridos, amigos, compañeros de trabajo, podemos ser víctimas? Esto, debido a que el Estado mexicano es un Estado fallido que ya no puede garantizar las condiciones, ya no digo para la democracia, sino para la convivencia social, dado que un sistema capitalista neoliberal deshumanizado, en aras de la acumulación de capital y de poder, y la ambición desmedida (veamos el caso de Duarte y su mujer) ha llegado a trastocar el pacto social. En el ámbito de la movilización social y la defensa de los derechos humanos, cientos de familias de todo el país exigen que sus voces sean verdaderamente escuchadas, pues se encuentran viviendo una enorme tragedia, una crisis humanitaria que no ha sido reconocida y asumida en su verdadera dimensión, por quien tiene la responsabilidad de esta situación, el Estado. Estas familias han constituido el Movimiento de desaparecidos en México. Por ello han elaborado una propuesta de legislación sobre desaparición forzada, a fin de las familias puedan contar con herramientas para encontrar a sus desaparecidos, que hoy se encuentra en disputa en el Senado de la República. En el ámbito de las organizaciones que promueven el respeto de los derechos humanos de los mexicanos migrantes deportados de los EUA a Tijuana, como es el caso de Ángeles de la Frontera, uno de sus miembros más destacados, Hugo Castro, en su trayecto por vía terrestre para participar en el Vía Crucis del Migrante que organiza el padre Solalinde en el Sureste del país, fue víctima de desaparición la semana pasada, cuando viajaba de la Ciudad de México a Puebla. Afortunadamente ha aparecido con vida, y hoy se encuentra en estado delicado de salud debido a las múltiples heridas que le provocaron quienes atentaron contra él. Hugo Castro no es ningún delincuente, sino una persona comprometida en la protección de los derechos humanos de migrantes, y que, como muchos en esta frontera, se dedican a llenar el hueco que las autoridades mexicanas dejan al no cumplir con la tarea que les corresponde. Lo que esperamos es que la PGR actúe y proporcione información fidedigna de los hechos. * La autora es Doctora en Ciencias, con especialidad en Investigaciones Educativas. Académica-investigadora de la Ibero Tijuana.