2 empresarios japoneses acusados de fijar precios de hardware

SAN FRANCISCO (AP) - Un gran jurado acusó a dos empresarios japoneses por su papel en una supuesta conspiración global para fijar los precios de los componentes utilizados en las unidades de disco duro de la computadora, anunciaron el viernes funcionarios federales.

Hitoshi Hashimoto y Hiroyuki Tamura, ambos ex altos ejecutivos de ventas de NHK Spring Co. Ltd., fueron acusados el jueves en un tribunal federal de San Francisco, dijo el Departamento de Justicia en un comunicado.

El año pasado, el fabricante japonés NHK Spring Co. Ltd. (NHK Spring) se declaró culpable en el caso y fue sentenciado a pagar una multa de $ 28.5 millones.

Los fiscales federales dicen que desde mayo de 2008 y hasta al menos abril de 2016, Hashimoto y Tamura participaron en una conspiración con sus competidores "para estabilizar, mantener y fijar los precios de los conjuntos de suspensión utilizados en unidades de disco duro".

No se supo de inmediato si Hashimoto y Tamura tienen abogados que hablarían en su nombre.

Los conjuntos de suspensión son componentes de unidades de disco duro, que se utilizan para almacenar información y se incorporan a las computadoras o se venden como dispositivos de almacenamiento electrónico independientes.

Hashimoto y Tamura fijaron precios en los componentes al acordar abstenerse de competir en precios y asignar sus respectivas cuotas de mercado, dijeron los fiscales. Los conspiradores también intercambiaron información sobre precios, incluidas las cotizaciones de precios anticipadas, que utilizaron para informar sus negociaciones con clientes estadounidenses y extranjeros que compraron conjuntos de suspensión y produjeron unidades de disco duro para la venta o entrega a los Estados Unidos y otros lugares, dijo el departamento.

"Los individuos acusados ayer intentaron engañar al sistema y obtener ganancias injustas a expensas de los consumidores estadounidenses", dijo Calvin Shivers, subdirector de la División de Investigación Criminal del FBI. "El FBI, con nuestros socios en la Oficina del Inspector General del Servicio Postal de los Estados Unidos y el Departamento de Justicia, interrumpió su esquema y ahora estas personas enfrentarán justicia".

El cargo conlleva una pena máxima de 10 años de prisión y una multa de $ 1 millón.