Eduardo Ruiz-Healy

La ofensiva del Gobierno de Estados Unidos contra el Cártel Jalisco Nueva Generación ya no se concentra únicamente contra sus líderes.

Gastélum es el sexto creador de contenido ligado por señalamiento al Cártel de Sinaloa que muere desde que estalló la disputa entre Mayos y Chapitos, en septiembre de 2024, tras el secuestro del “Mayo” Zambada, una guerra que ya deja más de 3,000 muertos en Sinaloa.

Mover ese volumen a través de negocios formales exige muchas más estructuras corporativas y muchos más especialistas de los que aparecen documentados en los expedientes públicos.

¿Por qué el Gobierno recurre siempre a la cifra del Secretariado y no a la del Inegi? Quizá porque este tarda más en cerrar sus estadísticas.

Lo sucedido en la UNAM será observado por cualquier universidad que aplique exámenes importantes por Internet.

Puede tratarse de ineficacia institucional porque nadie cruzó los movimientos logísticos con la actividad criminal.

Quien decide si una opinión careció de veracidad no es un juez, sino el defensor de audiencias, cargo que cada medio crea para atender quejas del público. Después interviene la CRT.

Celebrar los buenos datos es válido, pero anunciarlos como nueva etapa de crecimiento no lo es, cuando el mismo trimestre dejó menos empleo y más informalidad.

2026 no ha terminado y ya son siete los periodistas asesinados en el año.

El crimen organizado ya no disputa territorios, disputa municipios enteros.

Cien mil soldados, guardias nacionales y policías cuidaron el Mundial en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, sin un solo incidente grave que reportar.

La detención de un ex panista histórico, sirve a dos bandos. El PAN denuncia persecución selectiva. El Gobierno presume combate al huachicol fiscal.

Golpear a Canadá con aranceles antes de sentarse con México no parece casualidad.

El T-MEC sigue vivo, pero la certeza que lo hacía valioso se erosiona.

Con esta política trumpiana, la frontera entre protesta social y terrorismo se difumina y EE.UU podría presionar para endurecer la represión contra movimientos campesinos, sindicales e indígenas de México, Brasil o cualquier país.