Genera debate la atención a menores infractores

En materia de justicia juvenil las leyes vigentes no aseguran una completa reinserción a la sociedad para los menores que delinquen, en especial hacia aquellos que cometen delitos graves, según expertos y autoridades.

Si bien la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes contempla que los estados deberán tener un sistema integral para el tratamiento de los menores que incurren en delitos, el debate se centra en el tiempo que deben permanecer en internamiento.

¿Debería un adolescente que asalta en la calle con un arma, sin llegar a provocar daño físico a una persona, recibir internamiento?, para el común de los ciudadanos la respuesta sería afirmativa, sin embargo, el sistema actual no lo contempla.

Los especialistas coinciden en que el principal problema de la legislación vigente en la materia, reside en el tiempo que los menores pueden estar internados en centros como el Instituto de Tratamiento y Aplicación de Medidas para Adolescentes (Itama), el cual debería ser acorde al problema que presente cada menor.

El sistema de justicia actual está basado en la protección de los derechos del menor y no solamente en el acto de ilegalidad que cometió, dijo Rodrigo García Contreras, juez especializado en justicia penal para adolescentes.

Antes de 2016 los "correctivos" para los adolescentes se aplicaban en los centros del Consejo Tutelar para Menores (Cotume) y quien delinquía era internado por el tiempo que el juez decidía. Era una medida administrativa con prisión preventiva oficiosa, explicó.

En la actualidad el sistema se conforma de una Fiscalía Especializada en Procuración de Justicia para Adolescentes, detalló, que cuenta con un Ministerio Público, defensores y juzgados específicos y se cuenta con 36 horas para integrar una carpeta de investigación.

"En ese tiempo hay una autoridad administrativa que se encarga de recabar y analizar toda la información del entorno en que vive el adolescente y se la remite al agente del Ministerio Público y de ello también tiene conocimiento el defensor y posteriormente el juez", destacó.

Para el magistrado las medidas que se aplican a los adolescentes tanto en internamiento, como de forma externa, han ayudado en el control de la delincuencia juvenil. Pero hay un problema ya que se juzga sólo por un hecho cometido, sin considerar si se ha incurrido en otras conductas.

La Ley de Justicia Penal para Adolescentes vigente maneja las sanciones por grupos etáreos: Los menores de 12 a 14 años no pueden ser internados, por lo que las medidas que se les apliquen deberán llevarse en internamiento.

Quienes tienen entre 14 y 16 años sí pueden ser internados en los centros del Itama, pero por un máximo de tres años; mientras que aquellos de 16 a menos de 18 años, se pueden internar, cuando lo requieran, por un máximo de cinco años, cuando antes la ley preveía un máximo de siete años.

La ley actual contempla una serie de delitos por los cuales únicamente pueden recibir internamiento los menores de edad. Para el juez García Contreras ese hecho es una limitante, ya que los jóvenes deberían recibir tratamiento por cualquier delito cometido.

"A veces el que más daño hace a la sociedad es ese que todos los días va y roba en las tienditas y que no lo puedes internar porque no es un robo con violencia, si llega y te amenaza con una pistola, pues no es una violencia física.

"¿Y ése ocupa estar interno?, sí ocupa estar interno ese adolescente. Sí ocupa porque todos los días se droga, es un vago, no estudia, y es el que causa daño a la sociedad allá afuera y a ése no lo estás encerrando", consideró.

Al secretario de Seguridad Pública de Sonora, Adolfo García Morales, hay aspectos que le preocupan de la nueva Ley de Justicia para Adolescentes, en especial, la reducción del tiempo de internamiento.

"Imagínense a un niño sicario que fue y balaceó a 10 personas, seguramente requiere de mucha, pero mucha atención, afectiva, de tratamiento, de subirle el autoestima, es importante que en esos casos se tuviera un mayor tiempo de internamiento", abundó.

Otro punto en contra, consideró, es que cuando a un menor se le dictan medidas de tratamiento externas, si las autoridades identifican que requiere de atención mayor, directa y permanente, la ley no permite un cambio en la sentencia.

Agregó que también la legislación tiene como criterio que nadie, o el menor número posible de adolescentes debe estar en internamiento, si se trata de delitos que no son graves.

"Ahí yo creo que debemos, si no imponernos, cuando menos que siga la facultad de los jueces para que en base al perfil de cada muchacho se pueda dictar una medida distinta", citó.

La directora del Itama en Sonora, Ana Dolores Quijada Chacón, aseguró que cuentan con un programa de seguimiento para quienes reciben medidas en externamiento y para aquellos jóvenes que cumplen su tiempo de internamiento.

Afirmó que se trata de una unidad institucional que busca seguir con el joven hasta que complete su proyecto de vida y entregarlo a la sociedad como lo plantea el espíritu de la ley, con reintegración social y familiar.

"Ellos deben cumplir porque es parte de prepararlos para abrir su conciencia", expresó, "prepararlos para que se desarrollen, entonces están cumpliendo, los buscamos si es que tienen ya los 18 años, o si caen en el Cereso".