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VIDEO: Sistema de Justicia Laboral, un modelo que requiere la participación de todos

Sergio Javier Molina Martínez, magistrado federal y consejero de la Judicatura Federal, destaca el contenido de su libro El Nuevo Sistema de Justicia Laboral en México

El Sistema de Justicia Laboral en México es un mecanismo que busca reducir los conflictos entre patrones y trabajadores, agilizar la solución de los juicios en la materia y regularizar a los organismos sindicales, entre otros aspectos.

Sergio Javier Molina Martínez, magistrado federal y consejero de la Judicatura Federal,

acudió a las instituciones de educación superior en Sonora para presentar su libro El Nuevo Sistema de Justicia Laboral en México, el cual expone paso a paso cómo será el proceso de este nuevo esquema en el País.

Entrevistado sobre su obra, que aborda este nuevo esquema de justicia laboral, ecplicó que la implementación del Sistema de Justicia Laboral se planeó en tres etapas: La primera fue en el 2020 con los ocho estados más pequeños del País y siguieron otros trece más durante este año, para culminar en el 2022 con las entidades más complejas, tanto en tamaño, como en operatividad, entre las que se encuentra Sonora, Coahuila, Nuevo León y Chihuahua.

La primera etapa inició con los estados más pequeños, que cuantitativa y cualitativamente no representaba una mayor complejidad para transformarse y transitar; los estados más grandes en extensión e importancia como Sonora, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León se dejaron para la última etapa para que a ensayo y error nos permitiera tener mayor experiencia”, indicó.

El año que entra todo el País transitará por este modelo y por el bien de la estabilidad del País, por el bien de la promoción y protección de los empleos, y por el bien de las condiciones de trabajo, esperamos que sea en corto plazo”, aseveró.

Aunque no es un cambio fácil, admitió, ha sido posible llevarlo a cabo ya en 21 estados del País, ayudando a que los conflictos laborales se resuelvan de manera satisfactoria para las partes en seis meses o menos, cuando antes podrían tardar años en resolverse.

Esta reforma ha rendido sus frutos en este primer año; 21 estados del País ya transitan por este modelo y tenemos juicios que duran cuatro y medio meses, de tal suerte que de los tres o cuatro años pasamos a cuatro meses y medio para desahogo y para que las personas encuentren justicia”, destacó.

“El tránsito no es sencillo”, continuó, “las Juntas de Conciliación y Arbitraje a nivel local o federal tienen 100 años de existir, y la sociedad ya los percibe como entes y órganos jurisdiccionales que no solucionaban de manera ágil los conflictos, por eso se pretende dar un rostro distinto a la justicia laboral, para que los ciudadanos, los trabajadores o los sindicatos encuentren una manera distinta de resolver sus conflictos”, añadió.

Molina Martínez dijo que esta manera distinta implica, a grandes rasgos, que las personas que mantienen estos conflictos transiten por un organismo que va a conciliar a las partes antes de acudir a juicio

Si no logran resolver los problemas de esta forma, entonces irán a los Tribunales Laborales, ya sea a nivel federal o local, los cuales buscan resolver los conflictos de una manera distinta, con un juez que de cara a las partes y esté presente en todas las audiencias, para que él pueda, con su dirección y sus actos, que estos juicios sean más rápidos.

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TRABAJO EN CONJUNTO

Para hacer esto posible se requiere de la total participación y disponibilidad del Estado, ya

que será necesario dar una capacitación amplia a las personas que lo van a llevar a cabo, inversión en infraestructura, y una total disponibilidad y adaptación al cambio, destacó.

“Se requieren una conjunción de esfuerzos para lograrlo; el Poder Judicial de la Federación, por conducto de su Escuela Federal de Formación, pone a disposición como lo ha hecho con las diversas entidades, pues se requiere elementos de formación y capacitación en este espíritu de colaboración con un objetivo común que es encontrar a las mejores mujeres y hombres para operar este sistema.

Las entidades federativas como Sonora, por conducto de su Poder Ejecutivo y Poder Judicial, deben establecer esquemas de formación y selección a los nuevos funcionarios. No hay mucho tiempo, hablamos de medio año para encontrar los mejores hombres y mujeres para estos puestos”, indicó.

Además, de cambiar la infraestructura, dotarlos de modernos elementos y asumir esta responsabilidad y estos retos, aseveró.

El magistrado señaló que Sonora deberá, por una parte, cerrar las puertas y las ventanas de las juntas locales y abrir tribunales locales en el seno del Poder Judicial Estatal.

Para esto se requiere que el Congreso local transforme las leyes que den cabida a este modelo y autorice una partida presupuestal para crear estos organismos descentralizados y estos tribunales, agregó.

También se requiere que el Poder Ejecutivo local pueda cambiar su estructura e infraestructura para albergar y crear el organismo descentralizado, apuntó.

Lograr este cambio ofrecerá la posibilidad de una democracia sindical y una nueva forma de resolver los conflictos, garantizando la regulación del fenómeno laboral en México, desde el aspecto sindical, los contratos colectivos y las huelgas, todo bajo un aspecto democrático, puntualizó.

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