Abogado de víctimas del caso Waldos advierte que reforma de Protección Civil en Sonora podría complicar el acceso a la justicia al trasladar responsabilidades a un organismo ciudadano
Ricardo Ballesteros López cuestionó que las responsabilidades de prevención y atención de riesgos se trasladen a un organismo ciudadano

La nueva reforma constitucional en materia de gestión integral de riesgos y Protección Civil en Sonora podría complicar el acceso a la justicia de víctimas de futuras tragedias, al trasladar responsabilidades a un organismo ciudadano, consideró Ricardo Ballesteros López, abogado y asesor jurídico de familiares de víctimas del caso Waldos.
El abogado señaló que, aunque la iniciativa promovida por el gobernador y aprobada por el Congreso del Estado este octubre busca elevar a rango constitucional los derechos de los ciudadanos en materia de protección civil, no está de acuerdo con la manera en que plantea distribuir las responsabilidades.
“Yo no comparto con la ley que está promoviendo el gobernador y que la aprobó el Congreso en este mes de octubre del 2026. No la comparto y estoy muy extrañado que ningún diputado de ningún partido político le haya agregado una coma o le haya quitado un punto a la iniciativa de reforma”, expresó.
¿Qué cambio contempla la reforma de Protección Civil en Sonora?
Ballesteros López explicó que uno de los puntos que le generan preocupación es la creación de un instituto de gestión de riesgos y Protección Civil, cuyo titular sería elegido por el Congreso y tendría personalidad jurídica y patrimonio propios.
Desde su perspectiva, esta modificación podría dificultar que las víctimas de una tragedia reclamen responsabilidades al Estado, debido a que las funciones de prevención y atención de riesgos quedarían en manos de un organismo ciudadano.
“Tenemos una ley en el Estado de Sonora que se llama Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado, que habla de que cuando hay una actividad administrativa irregular por parte de un funcionario, podemos demandar al Estado, pero en este caso, ¿Cómo vamos a demandar al Estado si esa responsabilidad se la están mandando a un Consejo Ciudadano?”, cuestionó.
¿Qué responsabilidades tendría el organismo ciudadano?
El abogado advirtió que quienes asuman la titularidad del organismo también podrían enfrentar responsabilidades penales si no cumplen con las funciones de prevención de riesgos, por lo que consideró que deberán analizar cuidadosamente las implicaciones del cargo.
“Si llega a suceder que no hacen en tiempo una prevención de un riesgo que podamos sufrir los sonorenses, la responsabilidad penal directamente va a recaer en esas personas, así que esas personas tienen que analizar muy bien la ley y pensar lo que van a hacer si aceptan ese cargo”, señaló.
¿La reforma ya está vigente en Sonora?
Respecto a la posibilidad de que la reforma afecte a las víctimas de tragedias como la ocurrida en Waldos, reiteró que podría entorpecer el acceso a la justicia, aunque aclaró que todavía está pendiente su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y la aprobación de la mayoría de los municipios.
¿Qué falta para que avance la reforma?
De acuerdo con lo señalado por el abogado, el proceso aún tiene pendientes:
- La publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.
- La aprobación de la mayoría de los municipios.
“Sí, por eso es que yo, bajo mi perspectiva, no estoy de acuerdo en esa reforma. Ahorita todavía no se publica en el Boletín del Gobierno del Estado, todavía queda pendiente que la aprueben la mayoría de los municipios, eso es lo que queda pendiente”, concluyó.
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