Aprueban reformas a la Ley de Amparo en la Cámara de Diputados; genera debate por posible retroactividad

MÉXICO.- Con 345 votos a favor, 131 en contra y tres abstenciones, la reforma a la Ley de Amparo fue avalada en lo general por la Cámara de Diputados.

La diputada Olga Sánchez Cordero fue la única morenista que votó en abstención, luego que el lunes criticó la reforma propuesta por la titular del Ejecutivo, Claudia Sheinbaum.

La diputada de Morena, Mariana Benítez Tiburcio, defendió la reforma a la Ley de Amparo al señalar que “quienes sostienen que esta reforma es autoritaria, se equivocan o mienten deliberadamente”, pues, dijo, el verdadero autoritarismo sería mantener “el uso corrupto del amparo para privilegiar intereses particulares”, al tiempo que subrayó que nadie quiere un país en el que los proyectos nacionales puedan volverse interminables.

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La petista Martha Araceli Cruz votó en contra y sus correligionarios Marian Durán y Javier Vázquez se abstuvieron, mientras que por el PVEM, Ana Erika Santana también dio su voto en contra.

El texto redefine el interés legítimo y acota la suspensión provisional, al prohibirla en casos de bloqueos de cuentas ordenados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), además de conductas ilícitas que pudieran dañar el sistema financiero y en los casos de revocación de permisos, concesiones o autorizaciones emitidas por las autoridades federales.

Asimismo, limita el recurso de revocación al introducir como supuestos de improcedencia créditos fiscales firmes, determinaciones que resuelven solicitudes de prescripción y cuando el contribuyente manifieste desconocer el acto.

Además, introduce conceptos como el “interés social”, “el orden e interés público” para que un juez los considere previo a la concesión de una suspensión y aumenta de 60 a 90 días el plazo para emitir un fallo.

REINSERTAN RETROACTIVIDAD

Con la intención de que la reforma a la Ley de Amparo aplique para juicios en proceso, la Cámara de Diputados se perfilaba anoche a avalar un artículo transitorio propuesto por el diputado Hugo Eric Flores (Morena).

En los hechos, acusaron legisladores de Oposición, se pretende hacer retroactiva la nueva legislación que aplicará a la etapa del proceso que se haya iniciado antes de la reforma. Según el oficialismo, esto no implica una aplicación retroactiva porque se trata de “actuaciones futuras”.

Al tratarse de una ley procesal, las etapas concluidas que generan derechos adquiridos a las partes se regirán por las disposiciones legales vigentes al inicio de los procesos respectivos.

“Por lo que hace a las actuaciones posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, se regirán por las disposiciones de este Decreto, sin que implique aplicación retroactiva ni afectación a derechos adquiridos, pues se trata de actuaciones futuras”, planteaba la propuesta de redacción.

El transitorio en cuestión es semejante a las “sugerencias” que hizo Arturo Zaldívar, coordinador de Política y Gobierno de la Presidencia, durante la conferencia mañanera del 3 de octubre en Palacio Nacional.

Que se prevea con claridad que las etapas procesales concluidas generan derechos adquiridos y se rigen por las normas vigentes al momento de su actuación. La regla general es que cada actuación en un juicio se rija por las leyes vigentes en el momento de esta actuación”.