Imputan a dos ex policías por posesión de narcóticos y atentado contra la seguridad pública
Los hechos derivaron de dos cateos ejecutados los días 21 y 22 de junio de 2025
MAGDALENA DE KINO. 27 DE JUNIO DE 2025.- Luis Arturo “N”, de 40 años, y Gabriel Ángel “N”, de 28 años de edad, ex policías municipales, fueron imputados por la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) por posesión de narcóticos y atentado contra la seguridad pública, en hechos ocurridos en el municipio de Magdalena de Kino.
El parte policiaco señala que los hechos derivaron de dos cateos ejecutados los días 21 y 22 de junio de 2025, respectivamente.
De acuerdo con las autoridades, en dichos operativos los agentes encontraron evidencia relacionada con los delitos de posesión de metanfetamina con fines de comercio y atentado contra la seguridad de la comunidad.
Durante el primer cateo, realizado el 21 de junio en la calle Iturbide de la colonia San Felipe, se detuvo a Gabriel Ángel “N”, ex policía municipal de Magdalena y vinculado extraoficialmente con un conocido generador de violencia, quien es buscado por las autoridades.
En su poder se aseguraron veinte envoltorios con droga tipo cristal, un dron, así como varios vehículos: un Ford Interceptor modelo 2011 balizado como patrulla municipal, una camioneta GMC Envoy modelo 2002, un Honda Accord modelo 1999 y un Dodge Charger modelo 2007. Además, se decomisó equipo táctico variado, incluyendo grilletes, estrobos y uniformes con la leyenda “Policía Municipal”.
En el segundo cateo, ejecutado el 22 de junio en la calle Villa Hermosa de la colonia ISSSTESON, se aprehendió a Luis Arturo “N”, ex comisario de la Policía Municipal de Magdalena y vinculado también a un conocido generador de violencia buscado por las autoridades.
Se le encontró en posesión de 39 envoltorios con sustancia tipo cristal, un envoltorio con marihuana, un Ford Taurus modelo 2013, vestimenta y equipo táctico con la leyenda “Policía Municipal”, cuatro radios de comunicación y dos teléfonos celulares.
Ambos imputados comparecieron ante el Juzgado Penal, donde se formuló la imputación por parte de esta representación social, y el juez determinó que existían elementos suficientes para aplicar prisión preventiva justificada, debido al riesgo de obstaculización del procedimiento y el peligro para la seguridad pública.
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