Exhorta Congreso a ayuntamientos a fomentar la salud de adultos mayores
Destacan la importancia de incentivar actividades en plazas y parques que contribuyan al bienestar físico, emocional y social de este sector de la población.

HERMOSILLO, Sonora.- El Pleno del Congreso del Estado aprobó un exhorto dirigido a los 72 municipios para fomentar la salud de las personas adultas mayores. Asimismo, por mayoría, avaló una reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, aprobó un acuerdo para sesionar en fechas distintas a las establecidas y desechó diversas iniciativas relacionadas con el deporte. Además, turnó a comisiones varias iniciativas en materia penal, enfocadas en la protección de la infancia y la lucha contra la violencia hacia las mujeres.
En representación de Encuentro Solidario Sonora (PES), el diputado Norberto Barraza Almazán presentó un exhorto dirigido a los 72 municipios para promover la salud de las personas adultas mayores en espacios públicos, destacando la importancia de incentivar actividades en plazas y parques que contribuyan al bienestar físico, emocional y social de este sector de la población.
El legislador David Figueroa Ortega (PVEM) dio lectura al decreto de reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, mediante el cual se eliminaron ambigüedades jurídicas relacionadas con la autonomía del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) respecto al Congreso del Estado.
La diputada Elia Sallard Hernández (Morena) propuso una iniciativa para establecer de manera indefinida la acción penal y la sanción en delitos sexuales cometidos contra niñas, niños y adolescentes, a través de reformas al Código Penal del Estado de Sonora, con el objetivo de fortalecer la protección de la infancia y garantizar el acceso a la justicia.
Asimismo, la legisladora Claudia Zulema Bours Corral (PVEM) presentó ante el Pleno una iniciativa para tipificar el delito de acecho como una figura autónoma en el Código Penal de Sonora, definiéndolo como aquellas acciones reiteradas que causan temor o angustia y limitan la libertad de la víctima.
La propuesta contempla sanciones de tres meses a dos años de prisión, con agravantes en casos de violencia, abuso de poder o cuando la víctima sea menor de edad o una persona con discapacidad.
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