Eliminación de prisión preventiva no implicaría libertad a todos: Proyecto

CIUDAD DE MÉXICO. Una eventual aprobación en la Suprema Corte de la eliminación de la prisión preventiva oficiosa no implicaría la liberación automática de todas las personas que están en la cárcel bajo esa figura.

El proyecto del ministro Jorge Pardo Rebolledo fue repartido en la Corte desde el 28 de noviembre de 2023 y originalmente se iba a discutir el 18 de abril, pero ocupa el número 36 de la lista del Pleno, por lo que faltan varias semanas para su discusión.

El efecto sería que, caso por caso, los jueces que llevan los procesos convoquen a una audiencia para que las partes argumenten y se determine si el acusado debe seguir en prisión preventiva, pero ahora justificada con razones aportadas por la Fiscalía, o si se le impone otra medida cautelar.

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Es previsible que la mayoría de los acusados por delitos violentos o de delincuencia organizada, seguirían presos.

LA SCJN SE EXCEDE: SEGOB

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se excede en sus facultades al pretender eliminar la prisión preventiva oficiosa, dijo Luisa María Alcalde Luján, secretaria de Gobernación.

Creemos que la Suprema Corte no solo se excede en sus facultades, sino que pretende tomar una decisión sin dimensionar lo que esto significa para la paz y seguridad de nuestro País”, indicó el martes, durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.

Alcalde Luján destacó que se trata de “una preocupación que mantenemos en el gabinete de seguridad”, por la decisión que en las próximas semanas la SCJN podría tomar.

“¿Qué se va a discutir en las próximas semanas? La Suprema Corte está proponiendo invalidar el Artículo 19 constitucional y ordena a todos los jueces del país inaplicar la prisión preventiva de oficio”, detalló.

La propuesta de la Corte se da a raíz de una resolución emitida en enero de 2023 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que resolvió que se deben adecuar las leyes, incluyendo la Constitución, para eliminar la prisión preventiva, explicó.

“Aunque esta resolución por parte de la corte interamericana en realidad obliga a todo el Estado mexicano en su conjunto, la Corte atrajo la sentencia oficiosamente para interpretarla y ordenar unilateralmente cómo México debe darle cumplimiento, sin que se tome en cuenta otras instituciones; una obvia sería el Congreso de la Unión, quien debería analizar la posibilidad de estas modificaciones”, explicó.