Pobladores del Río Sonora rechazan Zona Económica

Pobladores del Río Sonora, a tres años de la contaminación de sus aguas, interpusieron un juicio de amparo en contra del Gobierno del Estado de Sonora y del Ayuntamiento de Ures tras haber aprobado la Zona Económica Especial sin consultar a los habitantes.

La Zona, según establece la ley aprobada en febrero de 2017 por el Congreso del Estado de Sonora, tiene como propósito "reducir la pobreza, activar la economía y asegurar los servicios básicos" de los pueblos afectados, sin embargo, los pobladores mostraron desconfianza en los beneficios al desconocer el enfoque del proyecto.

"No es lo mismo que con la creación de la zona, se impulsen las actividades económicas de la población afectada por el derrame, a que con ella se den facilidades administrativas y beneficios fiscales a la industria minera; el colmo sería que Grupo México se viera beneficiado", se leyó en el comunicado de los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS).

En rueda de prensa, el Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Poder) quienes representan legalmente a los CCRS, anunció una primera sentencia favorable emitida por el Juzgado Primero de Distrito del Estado de Sonora, referente a la no apertura de los pozos Sinoquipe y La Labor hasta garantizar que contienen agua salubre y apta para uso.

Esto debido a que ambos pozos presentaron niveles más altos de los que establece la Organización Mundial de la Salud en cantidades de arsénico y manganeso, por lo que demandan nuevos muestreos y saneamiento en caso de resultar contaminados.

Ayer mismo se buscó conocer el posicionamiento de Grupo México a tres años del derrame de tóxicos en el Río Sonora, sin embargo no se obtuvo respuesta.

Exigen potabilizadoras

Asimismo, los pobladores exigen que se retomen los proyectos de instalación de las 36 plantas potabilizadoras prometidas, la reubicación de los pozos y la creación de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental (UVEA), una clínica sin precedentes en el País.

"¿Cómo es posible que de 36 plantas que se iban a instalar, se redujeran a siete fijas y dos móviles? Hay una empresa que es la culpable y ella debería de hacerse cargo de esas plantas, porque ella fue la causante del derrame, no el Municipio, porque, a fin de cuentas, seríamos nosotros los habitantes quienes pagaríamos", dijo Francisca García, integrante de CCRS-Aconchi.

La habitante afectada se dijo preocupada porque los metales pesados son bioacumulables y los niños se encuentran tomando agua de los bebederos recién instalados por lo menos en 20 escuelas.