Calderón Piñeiro renuncia a cargo

Por medio de un comunicado el director general de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Contraloría General del Estado, José Ángel Calderón Piñeiro, presentó su renuncia con carácter de irrevocable.

Calderón Piñeiro junto a otros dos funcionarios del Gobierno del Estado, presuntamente enfrentan una averiguación previa por supuesta extorsión y amenazas contra particulares y otros funcionarios estatales.

Los otros dos presuntos implicados son Roberto Carlos Díaz Rodríguez, agente del Ministerio Público en la Agencia Primera Investigadora Especializada en Delitos de Querella; así como Gregorio Ramírez Cerecer, coordinador jurídico de la Dirección de Atención a Inversionistas del Consejo para la Promoción Económica del Estado.

La titular de la Contraloría General, María Guadalupe Ruiz Durazo, confirmó que el viernes 24 de octubre fue notificada por la PGJE de que Calderón Piñeiro pudo haber incurrido en actos que constituyen un delito.

“Después de enterarme busqué al licenciado José Ángel Calderón, no pude contactar con él ese viernes”, indicó, “pero a principios de esta semana presentó su renuncia como director general de Responsabilidad y obviamente fue aceptada”.

En Contraloría investigarán si hay hechos que violentan la Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos, expuso, pero para ello primero necesitan nombrar a un nuevo titular del área, pues es quien se encarga de las indagatorias.

“Yo he instruido una investigación al respecto para saber si hay algún hecho que pudiera violentar la Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos, en relación con los dos, José Ángel Calderón y la persona de Economía (Ramírez Cerecer)”, apuntó.

Díaz Rodríguez por ser parte del Ministerio Público no es de su competencia, manifestó, pues es la Procuraduría General de Justicia la encargada directa.

Las sanciones que puede imponer la Contraloría del Estado por faltas administrativas, enfatizó, van desde una amonestación, hasta la inhabilitación para efectuar cualquier cargo público.

El artículo 20 Bis del Código de Procedimientos Penales le impide dar cualquier información, señaló, por lo que cualquier detalle sobre el caso se tendrá que ver con la PGJE.