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El Imparcial / Hermosillo / Elecciones

Acusa María Dolores a “Toño” Astiazarán de concesionar la seguridad pública

Señaló que las patrullas no pertenecen a los hermosillenses.

“Hermosillo no es un negocio. Esta información fue ocultada a todos los hermosillenses. El tema no es que las patrullas sean ecológicas, sino que representa una concesión de la seguridad pública realizada por el hoy candidato del PRI, de la misma manera que hace años otro alcalde del PRI concesionó el alumbrado público”, afirmó María Dolores Del Río, abanderada de Morena a la alcaldía de Hermosillo.

Es una forma de gobernar donde lo importante es el negocio”, resaltó la aspirante a la alcaldía de la capital del Estado.

Del Río informó que su proyecto de Gobierno contempla la adquisición de unidades propias, con un esquema de fortalecimiento de la Policía Municipal desde equipamiento, unidades dignas, mejores salarios y coordinación permanente con los gobiernos estatal y federal.

A través de información recabada durante las mesas de análisis de Hermosillo 2030: Pilares Para La Transformación Municipal, se planteó por parte de la ciudadanía la revisión del contrato que realizó el Gobierno del PRI en la ciudad para la renta de más de 200 unidades policiales, las cuales no cumplen con los requerimientos realizados por el Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública.

Alejandro Zepeda, vocero de la campaña de la candidatura común por Hermosillo “Sigamos haciendo historia”, dijo que “el contrato realizado por el Gobierno del candidato del PRI, Toño Astiazarán, representó un negocio sucio bajo la bandera de energías limpias”.

Señaló que las patrullas no pertenecen a los hermosillenses, y que de acuerdo con un análisis del contrato solicitado a través del portal de transparencia, se especifica que al término del mismo deberán ser devueltas al empresario dueño de Integra Arrenda, propiedad de un amigo del hoy candidato.

Los precios de lista de compra de patrullas en 2023 fueron de poco más de 700,000 pesos. El Gobierno del PRI rentó cada unidad en más de un millón 200 mil pesos, lo que representa un pago mensual de 8 millones de pesos por las 220 unidades, las cuales se devolverán al término de esta administración”, indicó Zepeda Velarde.

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