Piden reformar leyes para menores tras feminicidio de Leyla

Ciudad de México, 13 de abril.— La defensora de derechos humanos Dora Espinoza solicitó formalmente a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la revisión urgente del marco legal aplicable a menores de edad que cometen delitos graves, tras el feminicidio de la menor Leyla ocurrido en Sonora.

Mediante un escrito dirigido al Ejecutivo federal, Espinoza expuso que el caso, registrado en septiembre de 2025 en un rancho ubicado entre Sonoyta y San Luis Río Colorado, evidencia fallas estructurales en el sistema de justicia para adolescentes en conflicto con la ley.

Leyla fue víctima de un feminicidio perpetrado con violencia extrema por dos menores de edad, de 13 y 15 años, quienes —según se señala— actuaron con premeditación. El caso, además, generó indignación debido a que las responsables habrían recibido sanciones consideradas mínimas.

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En el escrito presentado por la defensora de Derechos Humanos, al gobierno federal, también se cuestiona la respuesta institucional, al indicar que la familia de la víctima recibió una indemnización de apenas 5 mil 300 pesos, monto que califican como desproporcionado frente a la gravedad del delito.

La defensora advirtió que este hecho no es aislado, sino reflejo de una problemática nacional en la que menores de edad participan en delitos de alto impacto, en algunos casos vinculados con el crimen organizado, lo que —afirma— se ve favorecido por vacíos legales que limitan la aplicación de sanciones más severas.

Entre las propuestas planteadas se encuentra la posibilidad de establecer mecanismos legales que permitan juzgar como adultos a menores involucrados en delitos de extrema violencia, así como garantizar sanciones proporcionales al daño causado. También se plantea incorporar la responsabilidad de padres o tutores en casos de negligencia.

Asimismo, se propuso la creación de una iniciativa denominada “Ley Leyla”, con el objetivo de reformar el sistema de justicia para menores y evitar que casos similares queden impunes.

En respuesta, la Presidencia de la República informó, a través de la Dirección General de Atención Ciudadana, que la solicitud fue recibida y canalizada a las instancias correspondientes para su análisis, con el compromiso de dar seguimiento conforme a lo establecido en la ley.

La promovente concluyó su petición con un llamado a que el sistema de justicia garantice consecuencias reales en casos de violencia extrema y evite que la ley se convierta en un factor de impunidad.