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Piden a Educación en BC reforzar políticas de salud mental digital en escuelas

El Congreso exhortó a Educación a fomentar el uso responsable de la tecnología y prevenir riesgos psicoemocionales en menores.

Piden a Educación en BC reforzar políticas de salud mental digital en escuelas

Mexicali,B.C.-El diputado Diego Lara Arregui presentó ante el Pleno del Congreso de Baja California un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Educación del Estado a fortalecer las políticas públicas en materia de salud mental digital dentro del ámbito educativo, ante los riesgos que enfrentan niñas, niños y adolescentes por el uso inadecuado o excesivo de las tecnologías.

La propuesta, que fue aprobada por el Pleno, plantea que la Secretaría de Educación, en coordinación con la Secretaría de Salud y otras autoridades, consolide acciones preventivas y de acompañamiento dirigidas a atender las afectaciones psicoemocionales asociadas al entorno digital, particularmente en el contexto escolar.

El legislador expuso que la presencia constante de redes sociales en la vida cotidiana y en las aulas hace necesario incorporar enfoques preventivos que atiendan los efectos del uso inadecuado de las tecnologías de la información, al advertir que estas dinámicas impactan en la autoestima, la socialización y la capacidad de concentración del alumnado.

Señaló que el derecho a la educación no se limita a la transmisión de conocimientos, sino que debe garantizar el desarrollo integral de las y los estudiantes en espacios seguros e incluyentes, lo que implica atender su bienestar emocional, social y ético en contextos presenciales y virtuales.

Además del exhorto, el diputado informó que presentó una iniciativa de reforma orientada a reconocer y atender la salud mental digital como un conjunto de condiciones que permiten el bienestar emocional en entornos virtuales, así como la prevención de afectaciones derivadas del uso excesivo o riesgoso de herramientas digitales, con énfasis en la población infantil y adolescente.

El planteamiento busca que, mediante una coordinación interinstitucional, se fortalezcan las políticas públicas para promover una relación equilibrada y segura con la tecnología, que permita aprovechar sus beneficios sin comprometer la salud física, mental o social de la comunidad estudiantil.

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