Arranca cuenta regresiva para nuevos juicios civiles y familiares

La oportunidad de ver al juez que lleva su caso, expresarle verbalmente las demandas, agilidad en los procesos de demandas y las sentencias, así como la intervención activa de mediadores y conciliadores para buscar soluciones alternas son parte de las características que tiene la reforma hecha al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, la cual se contempla entre en vigor paulatinamente en Baja California en los próximos dos años.

Alejandro Isaac Fragozo López, presidente del Poder Judicial del Estado de Baja California, aseguró que este tipo de casos, a través de la resolución por acuerdo o mediación de las partes involucradas, tiene una tasa de aceptación de las sentencias mayor a la que se judicializa y es resuelta por un juez.

Estos cambios en el código Nacional de procedimientos civiles y familiares iniciará en Baja California el próximo año en el municipio de playas de Rosarito y paulatinamente se irá aplicando en los demás municipios, con fecha estimada de aplicación total en el estado para el 2026.

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Fragozo López destacó la necesidad de preparar a la gente para estos cambios, particularmente en la visión generalizada de resolver conflictos a través de un juez, o ve el proceso como una disputa que se trata de un vencedor y perdedor. “Ese va a ser el reto más grande”, dijo.

A grandes rasgos, ¿Qué es lo que va a ocurrir con la reforma al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y cómo va a aterrizar en Baja California?

Bueno, lo que viene próximamente es una reforma que ya fue aprobada y publicada. Estamos en la etapa de implementación del sistema. Se nos dieron cuatro años a partir de junio del año pasado, y ya ha transcurrido un poco más de un año. Entonces, en tres años, o un poco menos, todo el estado tendrá que estar implementando este sistema de justicia basado en la mediación, la conciliación y, sobre todo, en la oralidad.

Esta medida es muy similar a lo que ocurrió con el Código Nacional de Procedimientos Penales hace 14 años. ¿Qué implica para el estado y para el Poder Judicial llevarlas a la práctica y materializar los efectos de esta reforma?

Podría decirse que es idéntica a esa reforma, pero sí es muy similar. Es algo, como bien mencionas, comparable a lo que se implementó en 2010. Nosotros ya tenemos identificados los errores que se cometieron en aquella implementación, y podemos corregirlos esta vez, sobre todo en el tema de las selección de los jueces. Ya aprendimos y ahora implementamos un sistema que, debo mencionar, es el doble o incluso el triple en términos de alcance y complejidad, comparado con la reforma penal.

¿Qué implica, en términos llanos, el cambio de este paradigma en la aplicación de los procesos civiles y familiares?

Es un reto muy grande para el Poder Judicial. En materia penal, estaban involucrados la Fiscalía, la Secretaría General de Gobierno y asesores de víctimas, pero en este caso, gran parte del cambio recae principalmente en el Poder Judicial. El desafío radica en cambiar el paradigma de los ciudadanos. Tenemos que aprender a resolver nuestros conflictos de manera distinta, lo que implica capacitación, infraestructura, selección de personal y, sobre todo, que los ciudadanos aprendan a buscar soluciones alternativas antes de recurrir a un juez. Si todos intentan resolver sus problemas judicialmente, no habrá suficientes jueces. Ese fue el problema con la reforma penal: se proyectó que solo el 5% o 7% de los casos serían judicializados, pero actualmente es el 35%.

Este nuevo sistema requiere que los ciudadanos acudan a centros de justicia alternativa, mediación privada o arbitraje. Solo cuando estas instancias no logren resolver el conflicto, se acudirá al juez. Siempre hemos dicho que la justicia es gratuita, y lo es, pero para los ciudadanos no es gratis estar años inmersos en un procedimiento. Al final, es más caro que sentarse con un mediador y resolver el problema en seis meses.

¿Nos puede dar algún ejemplo de cómo esto beneficia a los ciudadanos o a quienes están involucrados en un trámite civil o familiar?

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Hay muchos beneficios, como se mencionó con la reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales. Aunque la percepción ciudadana puede ser que el sistema no es tan rápido, sí es transparente. En la materia civil y familiar, el beneficio de la oralidad es que un juez estará viendo directamente los casos. Fui juez civil por más de 10 años, y cuando emitía una sentencia, le daba a la parte vencida cinco días para cumplir. Te puedo decir que, de 10 mil sentencias que dicté, solo unas tres o cuatro cumplieron voluntariamente. En cambio, en la justicia alternativa, el 92% de los acuerdos se cumplen, con estadísticas en mano.

En cuanto a la reforma, ¿solo participa el Poder Judicial? ¿Cómo se distribuye el trabajo y cuál será el impacto en la carga de trabajo actual?

El Sistema DIF participa en procedimientos familiares, pero el cambio principal recae en el Poder Judicial. Necesitamos estar preparados porque todo será en audiencia y de manera oral. Los jueces tradicionales seguirán con la carga que tienen ahora, pero a medida que entre en vigor el nuevo sistema, dejarán de recibir nuevos casos. Esto acelerará los procedimientos tradicionales y estamos convencidos de que será más rápido.

En términos de inversión, infraestructura y contratación, ¿cómo impactará esta reforma en Baja California?

Hicimos un estudio preliminar, y el impacto era alto. Hablé con la gobernadora, y entendemos las limitaciones financieras del estado. Por ello, tratamos de hacer un presupuesto mínimo, pero digno. Anualmente recibimos un promedio de 57 mil demandas en estos juzgados. Con creatividad, hemos logrado que la construcción de un edificio en Rosarito esté al 50%, donde empezaremos a implementar el nuevo sistema en mayo del próximo año. Posteriormente seguiremos con Ensenada, Tecate y Mexicali. También tenemos el compromiso de adecuar un nuevo edificio en Mexicali para este sistema. En términos de contrataciones o personal, estaríamos hablando de un 10% al 15% que estaría aumentando la nómina. Nuestra idea es sacar los juzgados tradicionales del edificio que tenemos aquí en el Centro Cívico y dejar ahí los juzgados del nuevo sistema. Lo que planteamos es llevar estos juzgados tradicionales al Centro Histórico de Mexicali que tiene buena conectividad y para aportar nuestro granito en la dignificación que tiene la zona.

¿Cómo tienen previsto la implementación en los municipios?

El plazo es menor que el del sistema penal. Nos dieron cuatro años, de los cuales ya ha transcurrido más de uno. Esperamos que en menos de dos años esté todo implementado. Comenzamos en mayo en Rosarito, en enero en Ensenada, y en febrero en Tecate. Para julio de 2026 estaríamos en Mexicali. Las localidades foráneas, como Ciudad Morelos, Guadalupe Victoria, San Quintín y San Felipe, empezarían en 2026.

¿Qué tipo de demandas son las más recurrentes y podrían resolverse mediante mediación o vías alternas?

En Mexicali, el mayor volumen de trabajo está en materia familiar, mientras que en Tijuana es en materia civil. En general, está muy equilibrado, alrededor de 50-50. En materia civil, predominan las prescripciones, es decir, la regularización de tierras, y en materia familiar, los divorcios y custodias.

¿Hay alguna previsión para que los juzgados tradicionales hayan resuelto el rezago o la totalidad de asuntos para que puedan extinguirse?

Tenemos una proyección entre 4 y 6 años, pero sobre todo lo que va a suceder es que hay juicios que no se van a extinguir, otros que sí se van a extinguir en un año o año y medio, entonces lo que vamos a hacer es tener un sistema de medición y utilizar un sistema de gestión para que con el menor personal que se requiera seguir trabajando esos asuntos que por las partes se vuelven casi interminables, como son los juicios sucesorios o los incidentes en los familiares.

¿Qué estrategia han planteado, sobre todo en el tema familiar, para que la gente acepté ya no verse ante un juez y acepte esta figura del mediador o conciliador para resolver sus asuntos?

Tenemos una proyección de cómo abordar este asunto, y una de las propuestas es que la gente comience a cambiar ese paradigma. La socialización, la promoción y la publicidad deben darse en todos lados: con empresarios, en las escuelas o hacia las escuelas, para que la gente aprenda. Aunque actualmente no hay tanta oposición interna dentro del Poder Judicial, sí la hay entre los asesores jurídicos o abogados, pues por ley las partes deben contratar un abogado o asesor, y son ellos quienes van a los tribunales. Muchas veces, el asesor o abogado no facilita que se llegue a un acuerdo, y lo entiendo, porque cobran por su trabajo. Sin embargo, debemos aprender juntos a ofrecer un servicio distinto y cobrar por ese servicio. Tenemos que verlo así.

Lo más importante, saliéndome un poco del tema, es que también nosotros, como personas o ciudadanos, debemos aprender a solucionar los conflictos. Te lo digo desde mi experiencia en el ámbito familiar; conozco infinidad de casos en los que la propia parte lo que quiere es discutir, pelear, ver a su contraparte, sobre todo en materia familiar, batallando o sufriendo por alguna circunstancia. Esa es también una de las razones por las cuales muchos asuntos familiares nunca terminan. Por ello, tanto abogados como ciudadanos debemos aprender a resolver de otra manera estos conflictos.

Este es el reto más grande de esta reforma: que la gente lo aprenda, aun cuando se trate de temas tan personales como los de materia familiar.

Finalmente, ¿qué mensaje puede dar a la ciudadanía sobre los cambios que implica esta reforma al código?

Mexicali, B.C.- Que ahora van a conocer a su juez y podrán expresar verbalmente sus demandas. El nuevo sistema será más rápido, no solo por la gestión del tribunal, sino porque se eliminarán procedimientos lentos como las notificaciones personales. Con este nuevo código te van a buscar solo una vez para decirte que estás siendo demandado y si no vas las audiencias, estas siguen su curso aunque las partes no acudan, porque hay oficiosidad. El juez va a poder trabajar solo, sin que vayan las partes al órgano jurisdiccional.