Reclutaba adolescentes para cruzar droga y usaba avionetas; traficante de Mexicali se declara culpable en EU
Marco Antonio López Guerrero admitió encabezar una organización que introdujo más de 180 kilos de metanfetamina, 19 kilos de fentanilo y dos kilos de heroína a Estados Unidos; enfrenta una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión.
IMPERIAL California.- Reclutar a adolescentes y mujeres jóvenes para contrabandear metanfetamina, además de utilizar avionetas ultraligeras para transportar drogas a través de la frontera, fueron parte de las operaciones que admitió haber dirigido un traficante originario de Mexicali, quien se declaró culpable en una corte federal de Estados Unidos.
Se trata de Marco Antonio López Guerrero, extraditado previamente de México a territorio estadounidense, quien aceptó su responsabilidad en un cargo de conspiración para importar metanfetamina, informó la Fiscalía del Sur de California.
De acuerdo con el acuerdo de culpabilidad, López Guerrero encabezaba una organización de tráfico de drogas con base en México, que reclutaba a menores de edad y mujeres jóvenes para introducir metanfetamina a Estados Unidos.
También reconoció que su grupo utilizaba aeronaves ultraligeras para transportar metanfetamina y fentanilo por encima de la frontera.
En total, el acusado admitió que la organización introdujo a Estados Unidos más de 180 kilogramos de metanfetamina, 19 kilogramos de fentanilo y dos kilogramos de heroína.
Además del tráfico de drogas, López Guerrero reconoció haber coordinado el contrabando de dinero, armas de fuego y municiones desde Estados Unidos hacia México.
El caso fue investigado por un grupo de trabajo de la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional, con participación de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la Oficina del Sheriff del Condado de Imperial y la Patrulla Fronteriza, sector El Centro.
Pena mínima de 10 años
Por el cargo de conspiración para importar metanfetamina, López Guerrero enfrenta una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión, con una sentencia máxima de cadena perpetua, de acuerdo con la legislación federal citada por las autoridades.
El comunicado de la Fiscalía del Sur de California no precisa la fecha en que se dictará sentencia.
La acusación corresponde al expediente federal 20-cr-2054-JO y fue procesada por el fiscal federal adjunto Paul Benjamin.
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