Plantean evaluaciones psicológicas antes de decidir la custodia de menores
Los jueces deberán contar con una valoración sobre la estabilidad emocional y capacidad psicológica de quien tendrá el cuidado del menor antes de emitir una resolución final
Mexicali,B.C.- Antes de decidir quién tendrá la guarda y custodia de una niña, niño o adolescente, los jueces podrían estar obligados a contar con una evaluación psicológica de la persona que asumirá su cuidado, de aprobarse a nivel federal la reforma impulsada por el Congreso de Baja California.
El Pleno del Congreso del Estado aprobó el dictamen presentado por el diputado Fidel Mogollón Pérez, mediante el cual se plantea adicionar el artículo 558 Bis al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
La propuesta establece que, en los procedimientos en los que se discuta, determine o modifique la guarda y custodia, la autoridad jurisdiccional deberá solicitar una evaluación psicológica para contar con elementos técnicos antes de tomar una decisión de fondo.
El estudio tendría como objetivo determinar si la persona que quedará al cuidado de la niña, niño o adolescente cuenta con la aptitud, estabilidad emocional y capacidad psicológica necesarias para garantizar su desarrollo integral, integridad física y seguridad emocional.
La propuesta plantea que la valoración sea realizada por un perito autorizado, adscrito a los servicios periciales del Poder Judicial o designado por el juez, con el propósito de incorporar elementos técnicos y científicos a las decisiones relacionadas con la custodia.
Mogollón Pérez señaló que, con la iniciativa, se busca que una resolución de fondo sobre la custodia no pueda emitirse sin que en el expediente conste dicha valoración psicológica.
Detalló que la excepción sería cuando ya exista un dictamen previo con una antigüedad no mayor a seis meses y sus resultados hagan innecesaria una nueva evaluación.
Buscan que el estudio no sea una barrera económica
La iniciativa también contempla el costo de la prueba pericial, con el objetivo de evitar que la falta de recursos económicos impida realizar la evaluación.
Cuando el estudio sea ordenado de oficio por el tribunal, los gastos podrían quedar a cargo del erario o distribuirse entre las partes conforme a las reglas del procedimiento, garantizando la gratuidad para grupos vulnerables.
Tras su aprobación, el Congreso de Baja California acordó remitir la iniciativa al Congreso de la Unión para que continúe el trámite legislativo correspondiente, debido a que las modificaciones al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares son competencia federal.
De avanzar el proceso legislativo federal, los poderes judiciales de las entidades tendrían un plazo de 60 días, posteriores a la entrada en vigor del decreto, para actualizar sus protocolos internos y contar con un padrón actualizado de peritos certificados en psicología infantil y familiar.
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