Condado Imperial pide al gobernador Newsom frenar reforma ambiental por costos millonarios
El gobierno del condado advierte que la SB 675 podría generar hasta 4.5 millones de dólares anuales en gastos administrativos y de personal, además de otros costos, sin contemplar recursos estatales para cubrirlos
Condado de Imperial.-El Condado de Imperial pidió al gobernador de California, Gavin Newsom, vetar la iniciativa SB 675, al advertir que la reforma para modificar la estructura del organismo encargado de regular la calidad del aire podría trasladar millones de dólares en nuevos costos a los gobiernos locales y, eventualmente, a los residentes.
La propuesta busca aumentar la diversidad y representación en el consejo de gobierno del Distrito de Control de Contaminación del Aire del Condado Imperial, además de fortalecer la transparencia, la participación ciudadana y el acceso a información relacionada con decisiones que afectan la calidad del aire y la salud pública.
El Condado de Imperial aseguró que respalda esos objetivos, pero cuestionó cómo se financiarían las nuevas obligaciones que contempla la legislación.
De acuerdo con un análisis independiente encargado para el Distrito de Control de la Contaminación del Aire, la implementación de la SB 675 implicaría aproximadamente 1.5 millones de dólares en costos iniciales de tecnología de información, además de 4.5 millones de dólares anuales en gastos de personal y administración y otros 410 mil dólares cada año para ampliar el monitoreo de la calidad del aire.
El estudio también identifica posibles gastos adicionales relacionados con instalaciones, apoyo al consejo de gobierno, sistemas para recibir quejas ciudadanas, mecanismos de reporte, servicios legales y otras responsabilidades administrativas.
El costo podría llegar a gobiernos locales
El condado señala que gran parte de los recursos estatales y federales que actualmente recibe el Distrito de Control de la Contaminación del Aire están destinados a programas específicos, por lo que no podrían simplemente utilizarse para cubrir los nuevos gastos administrativos derivados de la SB 675.
Ante la ausencia de un mecanismo de financiamiento estatal, el análisis identifica dos alternativas principales para obtener recursos adicionales: incrementar las tarifas de permisos del distrito o establecer un cobro por habitante al Condado de Imperial y a los municipios que lo integran.
Esto, advierte el gobierno del condado, convertiría la reforma en algo más que un asunto relacionado con la estructura del organismo ambiental, pues podría impactar directamente los presupuestos municipales y del propio condado.
Los nuevos gastos tendrían que competir con recursos destinados a servicios como seguridad pública, bomberos, mantenimiento de vialidades, parques, salud pública y sistemas de agua y drenaje.
El análisis también advierte que depender de un incremento en las tarifas de permisos podría generar presión adicional sobre las empresas locales, debido a que el Condado de Imperial cuenta con una base relativamente pequeña de negocios y permisos.
Advierten que transición podría tardar años
Otro de los cuestionamientos planteados por el estudio independiente es el plazo previsto para implementar la nueva estructura.
Después de revisar las necesidades administrativas, financieras, tecnológicas, laborales, legales y operativas, así como experiencias de otros distritos de calidad del aire de California, el análisis concluye que la transición podría tomar varios años.
El documento recomienda contemplar al menos 36 meses, y posiblemente más, para realizar de manera responsable el cambio de estructura.
El Condado de Imperial sostuvo que no se opone a una mayor representación en el organismo ni a fortalecer la transparencia y participación ciudadana, sino que busca que cualquier reforma incluya un esquema de financiamiento suficiente y un plazo realista de implementación.
La administración del condado manifestó su disposición para continuar trabajando con Newsom, la Legislatura estatal, el senador Steve Padilla, las ciudades del condado, el personal del distrito y organizaciones comunitarias para alcanzar una propuesta que permita avanzar en esos objetivos sin comprometer los servicios públicos locales.
El análisis citado por el condado fue elaborado por el doctor Steven B. Frates, investigador principal del Davenport Institute, de la Escuela de Políticas Públicas de Pepperdine University, y contempla las implicaciones administrativas, financieras, tecnológicas, laborales, de infraestructura y legales de la SB 675.
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